La Audiencia se contradice en un caso de corrupción en Castellón

Al arquitecto municipal le dicen que no y a los concejales, que sí. La sección primera de la Audiencia provincial de Castellón ha dictado dos autos contradictorios sobre el mismo asunto. En uno confirma la postura de un juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y en el otro sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse. Los autos se refieren a las diligencias abiertas por el caso del edificio Mar, de Oropesa, en las que están imputados el arquitecto municipal, y el ex alcalde y los tres concejales que aprobaron la construcción de dos bloques de 600 apartamentos sobre un suelo que tenía la calificación de cámping. La diferencia entre los dos autos se encuentra, además del resultado, en el origen de los mismos. El primero es respuesta a un recurso presentado por el arquitecto municipal y el segundo al que presentaron el entonces alcalde independiente y los concejales. En ambos autos coinciden como integrantes del tribunal el presidente y uno de los magistrados.

Tanto la acusación particular como la fiscalía han solicitado la nulidad de ambas decisiones y la designación de un nuevo tribunal compuesto por "magistrados distintos" a los que dictaron estas resoluciones para que "con idéntico criterio" resuelva los dos recursos. La acusación señala que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Además, el auto que acuerda el sobreseimiento provisional no ha sido notificado a la acusación particular.

En la causa están imputados el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido; tres de los concejales del entonces gobierno local -dos independientes y un edil que fue expulsado del PSPV-; y el arquitecto municipal.La denuncia señalaba en principio al arquitecto municipal, Carlos Garrido, como presunto autor de un delito de prevaricación, al igual que al resto de imputados. Posteriormente, la fiscalía reclamó que se imputara al actual alcalde, Rafael Albert, del PP, ya que intentó legalizar el edificio en 2005. Albert, que está imputado en otras dos causas judiciales referentes a decisiones urbanísticas, celebró un pleno que luego tuvo que anular.

El caso se remonta a la legislatura 1999-2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa otorgó licencia de construcción para apartamentos, locales y garajes en un suelo calificado como terciario y con el camping como único uso permitido. La aprobación se llevó a cabo con el único informe favorable del arquitecto municipal, pese a que tanto la secretaria como el técnico de administración general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcción del edificio. A todos ellos se unió, según consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expuso la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.

La investigación judicial abierta tras la denuncia de un particular, presentada en 2005, se prolongó durante casi dos años. En este tiempo se tomó declaración a todos los imputados y se reunieron los informes sobre la causa. En octubre del pasado año, la titular del juzgado número 4 de Castellón concluyó las diligencias previas y decretó el inicio de un procedimiento abreviado, paso intermedio para fijar la fecha del juicio. La juez concluyó que "los hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado".

Sin embargo, quedaba pendiente la resolución de los recursos presentados por los imputados ante la Audiencia. Tras el primero, cuando todo hacía prever que se había dado luz verde al inicio del juicio, se ha conocido el contenido del segundo auto. Según la fiscalía, son "incongruentes entre sí" e incompatibles, ya que uno dicta que se siga con el procedimiento mientras que el otro se dirige hacia el archivo del caso. Por ello, la fiscalía ha reclamado que ambos autos sean anulados y que otro tribunal resuelva ambos recursos. Por su parte, la acusación, que representa a un vecino afectado, se ha unido a la petición de la fiscalía. "No caben dos varas de medir", ha señalado.