La crisis dispara en el 48% las peticiones de abogado de oficio

A mayor conflictividad laboral, más pleitos y, por tanto, más abogados. Es una evidencia que ayer constató Sílvia Giménez-Salinas, la decana del Colegio de Abogados de Barcelona en la presentación anual del informe sobre la justicia. La crisis económica ha hecho aumentar el 48% la demanda de abogados de oficio para la jurisdicción laboral, de forma que si en el primer semestre del año pasado se cursaron 1.927 peticiones, en el mismo periodo de este año han sido 2.854.

"No pedimos parches, sino una reconversión de la justicia"

Han aumentado especialmente las demandas por despido y las reclamaciones de cantidad, pero lo peor es que los juzgados sociales, que ahora funcionan relativamente bien, acaben afectados por los males endémicos de la justicia.

"Ya es hora de ponerse a trabajar, no de decir lo que se ha de hacer porque ya lo sabemos", añadió Giménez-Salinas, aunque para despejar cualquier duda recordó que no sólo se trata de poner más presupuesto, que también, sino de diseñar una organización de la justicia ágil y eficaz. Y eso quiere decir que los juzgados estén coordinados con las administraciones y con las policías, por ejemplo. Y que quien manda sobre los funcionarios, que es el Departamento de Justicia de la Generalitat, organice métodos de trabajo efectivos para simplificar trámites y mejorar la respuesta al ciudadano.

Y que el sistema informático de los juzgados sea eficiente, lo que no ocurre en la actualidad, pese a la gran inversión realizada en los últimos años por la Generalitat. Tampoco hacen falta, por ejemplo, juzgados especializados en desahucios, sino que el servicio de actos de comunicación de las decisiones judiciales sea "eficaz", dijo Giménez Salinas.

"No pedimos parches, sino una reconversión de la justicia, de manera que se convierta en una prioridad política y más en tiempos de crisis como los actuales". Por eso, dijo la decana, es sintomático que la jurisdicción más colapsada sea la contencioso-administrativa, encargada de resolver los recursos contra decisiones de todo tipo que adoptan las diferentes administraciones. Una demanda que se presente hoy tardará un mínimo de dos años en resolverse tal como están ahora esos juzgados, que al acabar 2007 tenían en trámite 11.603 casos, mientras que hace menos de cuatro años eran 5.648.

También es sabido que los juzgados mercantiles están desbordados a consecuencia de los procedimientos concursales, las antiguas suspensiones de pagos o quiebra y no es nada halagüeña la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer de Barcelona, con 2.631 asuntos pendientes al acabar el primer semestre de este año.

El problema, recordó Giménez-Salinas, es una ley que no distingue los casos graves de los que no lo son y que únicamente se ofrece una respuesta penal a las mujeres maltratadas, "en lugar de una respuesta integral".