Política con ciencia no es política científica

Es una lástima que la tesis de la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, pese a la torpeza con la que fue expresada, no haya dado lugar a un debate vivo sobre su contenido, con la participación de los científicos. Es decir, sobre si es "más rentable" para Euskadi una estructura científica autárquica y soberbiamente aislada o si le conviene, por el contrario, participar en el sistema de ciencia estatal e integrarse a través de él en los programas de investigación europeos y globales. La reacción a lo que dijo Cristina Garmendia el pasado julio se quedó en el escalón primero y más rutinario, en el sobreactuado escándalo del Gobierno tripartito ante unas palabras, que, pese a formar parte de un discurso estructurado, no fueron un prodigio de elocuencia y diplomacia. Sin embargo, el hecho de que el PNV haya puesto la transferencia de las competencias de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) como contrapartida principal a su apoyo a los presupuestos del Gobierno socialista mantiene viva la cuestión de fondo.

La simplicidad no garantiza el éxito en el abordaje de problemas complejos

Las urgencias y el chalaneo habitual de toda negociación presupuestaria no constituyen el marco más idóneo para una discusión de esta naturaleza, pero van a medir el grado de flexibilidad y resistencia de ambas partes al abordar una materia de contornos imprecisos. A diferencia de otras transferencias, cuando se habla de la competencia de investigación y desarrollo no hay en el territorio unos centros, un personal y unos recursos perfectamente identificados que a partir de un momento pueden pasar a ser gestionados de la comunidad autónoma, como sucedió con la educación o la sanidad. Se trata de una materia difusa por definición, dispersa en distintos ministerios -Ciencia, Industria, Sanidad, Medio Ambiente, pero también Defensa- y de difícil cuantificación económica, que se resiste a una aplicación mecánica del esquema del Concierto Económico. ¿Cuánto es 6,24% de las unidades de investigación, los experimentos, la plantilla y el presupuesto del Centro Superior de Investigaciones Científicas? ¿Puede trocearse la política científica de un país en diecisiete partes?

Existe, por supuesto, la pulsión nacionalista del corte de amarras, que consistiría en plantear la transferencia del modo siguiente: calcular a tanto alzado el gasto anual del Estado en esta materia, aplicarle el coeficiente del 6,24 en que está fijado desde 1981 la participación de Euskadi en la economía española, descontar esa cantidad del Cupo que se paga al Estado y hacer nuestra "propia" ciencia contando lo mínimo con la Administración central. El lehendakari ya ha cuantificado lo que le "cuesta" a la comunidad autónoma la no transferencia de esta competencia, 150 millones de euros anuales. Ahora bien, la simplicidad no suele garantizar el éxito en el abordaje de problemas complejos. Y éste lo es. No hace falta más que comparar el vago enunciado del artículo 10.16 del Estatuto de Gernika (le corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en "investigación científica y técnica en coordinación con el Estado") con la precisión con que el artículo 158 del nuevo Estatuto de Cataluña detalla, 30 años después, qué parte de dicha competencia es propia de la Generalitat, cuál es compartida y cómo deben establecerse los mecanismos de colaboración y participación con las políticas del Estado.

En este punto de la cuestión habría que aplicar la reflexión de la ministra Garmendia, prescindiendo del paternalismo que rezumaba de sus palabras. ¿Le interesa al País Vasco coger el dinero y aventurarse a montar un sistema particular de ciencia y tecnología, o le sería más ventajoso integrarse de forma coordinada, con centros de investigación propios y compartidos, en la red estatal y, a través de ella, en la europea? Cataluña se ha inclinado decididamente por esta segunda opción, y no parece que le vaya mal. También parece altamente positiva la experiencia de las unidades de Biofísica y Física de los Materiales (los centros mixtos creados entre la Universidad del País Vasco y el CSIC) o el consorcio puesto en marcha entre las dos administraciones para intentar atraer a Vizcaya la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, una instalación científica de dimensión internacional que requeriría 1.300 millones de euros de inversión.

Son referencias que marcan un camino de cooperación y descentralización en el que se pueden seguir dando pasos. Una vía distinta de la de la exclusividad, que carece de sentido en un ámbito como el de la investigación científica, donde cualquier proyecto de calado desborda las fronteras nacionales. Para ello falta el paso más difícil: flexibilizar posturas, salir de la queja ritual del incumplimiento del Estatuto como excusa para justificar su superación, y sentarse alrededor de una mesa con datos, argumentos y una visión clara de qué se está hablando. Se trata de fijar programas, repartir los papeles y establecer compromisos de gasto e inversión. De hacer, en definitiva, política científica en vez de política con la ciencia.