La Generalitat se resiste a gestionar los ríos internos valencianos

Una nueva tormenta se avecina en el horizonte de la confrontación política del agua. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha serán los protagonistas de este conflicto, que nace del futuro plan de la cuenca del Júcar, cuya aprobación está prevista para 2009. El plan tropieza con un obstáculo que afecta a su propia esencia: la de los límites del territorio en el que debe gestionar el uso del agua.

El plan actual concede a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) las competencias de los ríos y acuíferos entre el Sénia y el Segura. Sin embargo, desde noviembre de 2004, el organismo gestiona esas aguas pendiente de que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo que le quita la atribución sobre los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana, como el Serpis y cauces de las dos Marinas. El fallo recordó al Estado que la Constitución le dio el control sobre los ríos que atraviesan más de una autonomía, y a la Generalitat que el anterior Estatut preveía que asumiera sus cuencas internas. Nunca lo hizo. Es más, el Consell reaccionó a la sentencia anunciando un recurso por indefensión. No le interesaba que se alterara la actual gestión de los ríos, y sigue sin interesarle. Sin embargo, el nuevo Estatut mantiene la competencia sobre los ríos valencianos. Una competencia que la Generalitat se resiste a ejercer. El traspaso de los ríos al Consell sigue en el limbo.

La cuestión no es baladí, porque afectará directamente al peso de la Comunidad Valenciana en la gestión del Júcar. Y al de Castilla-La Mancha, que presiona para que se cumpla la separación de competencias. Con la desvinculación de los ríos internos valencianos, Castilla-La Mancha ganará fuerza en los órganos de planificación de la cuenca del Júcar, ya que se reducirá el porcentaje de territorio de la Comunidad Valenciana -ahora tiene el 49,6% frente al 36,6% de Castilla-La Mancha.

El esfuerzo valió la pena.No en vano, el recurso contra el plan vigente lo impulsó una asociación de Albacete. La Junta de Castilla-La Mancha y sus regantes prevén que la nueva demarcación del Júcar, sin los ríos valencianos, les favorecerá en las normas de gestión y en la representación, lo que reforzará las garantías sobre sus asignaciones de agua. La Comunidad Valenciana reducirá su influencia, a pesar de albergar ahora el 90% de la población de la cuenca.

La Generalitat es consciente del problema y hasta ahora lo ha sorteado no reclamando el traspaso de sus cuencas, que son básicamente la del Serpis y las dos Marinas, con un conjunto de barrancos secos con problemas cuando hay lluvias torrenciales. Pero la elaboración del plan del Júcar obliga a tomar decisiones a corto plazo. La documentación que maneja la CHJ deja bien claro que la indefinición sobre los límites en los que hay que ordenar los recursos hídricos aboca al plan al bloqueo. La Junta de Castilla-La Mancha ya ha lanzado un aviso contundente en las alegaciones a los primeros informes del plan: si no se excluyen de la nueva planificación las cuencas valencianas, "a todos los efectos", el proceso podría declararse nulo. La Junta recurriría "cualquier acto o disposición de planificación" que se apruebe con el ámbito territorial actual.

Mientras busca una salida al laberinto, el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, insiste en que el Consell es partidario de preservar "la unidad de la cuenca". Esa unidad pasaría, en principio, por mantener la planificación actual, lo que choca con el Estatut. La Generalitat busca por ello el modo de asumir sus ríos y cumplir el Estatut sin que se rompa la gestión integrada en el Júcar. Lo que está en el aire es la fórmula jurídica para aunar ambos propósitos.

Los regantes del Júcar tienen claro que la "desmembración" de la cuenca es perjudicial para sus intereses. Para el secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, la gestión territorializada del agua "va en contra del sentido común" y es "un paso atrás" en la garantía de los recursos a todos los usuarios que ahora se benefician de una planificación integral. Valero de Palma considera un error que la Generalitat insistiera en mantener las cuencas internas en el nuevo Estatut. "No tiene sentido duplicar administraciones" y, además, la Comunidad Valenciana perderá peso en el Júcar, la arteria que alimenta sus regadíos históricos. Por ello, urge al Consell a un cambio del Estatut o a renunciar a la gestión de sus ríos en favor del Estado y asumir sólo un mínimo de competencias. Valero de Palma sostiene, además, que la pretensión de Castilla-La Mancha es reducir al máximo el ámbito del Júcar, hasta el punto "inadmisible" de desvincular de sus aguas L'Albufera. Una posibilidad que también desecha tajante Paco Sanz, de Xúquer Viu, que coincide en la necesidad de mantener la unidad de la cuenca aunque el Consell asuma sus ríos.

Los regantes castellanomanchegos, que explotan el acuífero del que también se nutre el río Júcar, se muestran prudentes. El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, afirma que "la guerra interregional con los nuevos estatutos es absurda", pero también destaca que "la ley tiene que cumplirse". Belmonte resta importancia al cambio de representación en unos órganos del Júcar sin los ríos valencianos: "No resolverá ningún problema fundamental". No obstante, augura que el plan del Júcar encallará si no se clarifica la situación, y la cuenca necesita avanzar hacia una nueva gestión. "Se nota que los políticos no riegan", añade.