La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros

Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.

Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.

La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.

La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.

La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.

La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.

Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.