Alcalá pide menos protección en Los Alcornocales

"No podemos permitir que esto sea inhabitable e impracticable como el Serengeti". El alcalde de Alcalá de los Gazules (Cádiz, 5.673 habitantes), Arsenio Cordero, del PSOE, encabezó ayer una reclamación que, a su entender, tiene la mayoría de sus vecinos. El parque natural de los Alcornocales se presenta como un enemigo al desarrollo económico del pueblo. "Existe un rechazo generalizado porque su reglamentación se ha hecho desde un despacho sin conocer cómo se vive aquí". Por unanimidad, con los votos también del PP y de IU, aprobó ayer una moción para instar a la Junta de Andalucía a cambiar los planes que rigen este parque que, según él, frenan oportunidades, favorecen la emigración del campo y condenan actividades turísticas. "Queremos abrir un debate que empiece desde abajo porque somos nosotros los que sufrimos las consecuencias", se justificó Cordero.

Alcalá de los Gazules tiene el cuarto término municipal más grande de la provincia de Cádiz. De sus 47.000 hectáreas, más de 30.000 están afectadas por la protección que exige el parque natural. Fue en 2004 cuando la Junta aprobó dos documentos que en Alcalá se ven con malos ojos: el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Son las normativas que, por ejemplo, restringen la construcción de naves y viviendas dentro del parque, limitan los crecimientos turísticos o marca las condiciones de cualquier trabajo forestal o cinegético.

El alcalde está acostumbrado a recoger las quejas de sus vecinos contra esta normativa supramunicipal. "Si uno tiene una vivienda en el campo y quiere rehabilitarla, necesita tener una finca de 50 hectáreas. Eso favorece los latifundios", se queja. Según un estudio encargado por el Ayuntamiento, más de un tercio de las pequeñas propiedades del parque han desaparecido en los últimos años. "Lo que hay que favorecer es que se viva y se trabaje en el campo, no lo contrario".

La moción aprobada ayer insta a la Junta a modificar el PORN y el PRUG, aunque Arsenio Cordero aspira a que su debate sea mucho mayor. "Queremos implicar a todos los colectivos afectados para que se den cuenta de que un parque natural debe ser algo positivo y no una condena". Niega que detrás de la moción haya intereses inmobiliarios. "Nos hemos pasado de proteccionistas y la percepción que tienen los ciudadanos es que estas reglas son un obstáculo para el desarrollo del parque".