Estepona da los primeros pasos para el saneamiento de sus arcas

Estepona comienza a andar estos días el mismo camino que recorrió Marbella hace más dos años. Con sutiles diferencias, como que conserva sus competencias urbanísticas y que no ha habido disolución de la corporación, el municipio empieza a planear un saneamiento progresivo y obligado de sus arcas.

El alcalde David Valadez (PSOE) y el delegado de Economía de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, acordaron ayer encargar una serie de informes técnicos que permitan reducir el gasto municipal y subsanar una serie de problemas estructurales, como la elevada plantilla del consistorio.

Estos informes abordarán aspectos como la catalogación de puestos de trabajo, el absentismo laboral o la posibilidad de subcontratar servicios que al municipio no le resulte rentable mantener.

Los estudios costarán entre 30.000 y 40.000 euros y serán sufragados por el Gobierno andaluz. Aunque todavía no hay un calendario, se estima que estas asesorías podrían estar terminadas para final de año, de forma que comiencen a ponerse en práctica las recomendaciones de los técnicos a principios de 2009, año en el que el municipio se enfrentará a un rosario de dificultades económicas.

Los malos resultados de los presupuestos de 2007, con un remanente negativo de tesorería de 64 millones, han convertido a Estepona en un municipio "inestable" económicamente. Hasta que no arregle su situación, algo que quedará en manos del plan de saneamiento, el Ayuntamiento está condenado a prorrogar sus presupuestos y no podrá pedir créditos a los bancos.

Segundo plazo

El Ayuntamiento acaba de recibir de la Junta el segundo plazo de 514.000 euros entregados para compensar por las prestación de servicios de competencias compartidas, que dedicará a gastos corrientes. El alcalde incidió en que el municipio sigue teniendo pendientes proyectos urbanísticos, en los que trabajan y que todavía interesan a los promotores.

En el plan de saneamiento, que se implantará progresivamente, tendrán cabida la eliminación de las sociedades municipales -que el Grupo Independiente Liberal implantó para no dar cuentas del uso que hacían de los fondos municipales-; la reducción de alquileres privados, horas extraordinarias, o el mayor control del absentismo laboral.