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La acusación de EB pide un año de cárcel para Ibarrondo

El ex edil de Urbanismo de Vitoria será juzgado por ayudar a una constructora

Ezker Batua (EB) de Vitoria mantendrá la acusación popular en el juicio al que se enfrenta el ex concejal del PP Jorge Ibarrondo por un delito de prevaricación urbanística en la promoción de siete chalés en Ali. EB pedirá un año de cárcel y ocho de inhabilitación de concejal, lo que eleva la petición fiscal, que era de seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación, solicitud con la que se mostraron conformes PNV y EA por lo que retiraron sus respectivas acusaciones populares. El equipo jurídico del Consistorio estudia en estos días si la institución puede acudir también como acusación al juicio, tal y como se decidió en el pleno.

"El imputado no ha colaborado con la Justicia. Se necesitan medidas ejemplares"

Ibarrondo será juzgado por intervenir a favor de la constructora, Salgado Iglesias, S. A. en una urbanización de chalés en el concejo de Ali. El ex concejal está acusado de haber cambiado el dictamen del Departamento de Urbanismo contra el criterio de los técnicos municipales que, al menos en dos informes, avisaban de que no se podían construir más de seis chalés. La parcela, según el catastro, no alcanzaba los 2.000 metros cuadrados preceptivos que permitiesen una vivienda unifamiliar más.

Jorge Ibarrondo utilizó en la argumentación de su informe positivo la documentación que presentaron los técnicos de la constructora Salgado Iglesias SA, en la que se estimaban las dimensiones del terreno en 2.160 metros cuadrados. De este modo, otorgó la licencia urbanística para levantar ese séptimo chalé, que ya estaba en construcción. Ibarrondo ha reconocido en más de una ocasión que actuó de buena fe.

"En cuanto a los hechos por los que se juzga a Ibarrondo, estamos de acuerdo con el fiscal y su valoración, pero entendemos que la circunstancia del delito no justifica la mínima pena", explicó ayer el portavoz de Ezker Batua en el Ayuntamiento de Vitoria, José Navas. "Como el imputado no ha colaborado con la Justicia, nos parece necesaria una medida ejemplar", añadió.

Navas quiso dejar claro que en su petición no hay ánimo de venganza. "Consideramos que un año de prisión es la más justa, no hay que olvidar que el código penal establece para este delito una pena máxima de dos años, y en cuanto a la inhabilitación contempla hasta diez años".

La acusación de EB también asume la petición fiscal de que el acusado pague el derribo de ese séptimo chalé de la promoción que se levantó en la parcela de Ali. Hasta hoy esa vivienda, propiedad de la constructora, permanece en venta.

Ezker Batua también señala a la constructora Salgado Iglesias como responsable civil subsidiaria en el caso, frente a la petición fiscal que indicaba al Ayuntamiento.

A la espera de que se señale fecha para el juicio, previsto para el mes de noviembre, Ibarrondo ha eludido realizar ninguna declaración pública, al igual que el PP. El ex concejal también se enfrenta a otro juicio por irregularidades cuando ejercía de concejal de Urbanismo. Se trata del caso Ibaiondo, en el que el Ayuntamiento aplicó un sobreprecio de 54.000 euros en los 250.000 en que se había tasado cada uno de los 24 chalés de una urbanización de promoción pública. Esta subida se aplicó sin el conocimiento del consejo de la Agencia de Renovación Urbana de la ciudad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de octubre de 2008