Secuestrados en la ciudad, muertos en combate en la selva

Decenas de jóvenes, todos pobres y que habían sido denunciados como desaparecidos por sus familias, están apareciendo muertos en sitios alejados de las localidades en las que vivían. Según el Ejército fueron reclutados por grupos armados y murieron en combate. Pero esta versión no encaja: la mayoría murió uno o dos días después de que sus familias les perdieran el rastro. Un sofisticado sistema estatal que cruza la información sobre las denuncias de desapariciones y los datos procedentes de la medicina legal permitió destapar el escándalo.

En una reunión de urgencia celebrada el lunes entre el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el fiscal del Estado, Mario Hernán Iguarán, y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, se decidió crear un grupo especial que investigará "hasta las últimas consecuencias, esté metido quien esté metido (...) El Gobierno está muy preocupado", afirmó el vicepresidente.

Los militares alegan que los jóvenes fueron reclutados por la guerrilla

El Gobierno ordena una investigación "hasta las últimas consecuencias"

La semana pasada empezaron a aparecer los cuerpos de muchachos de barrios marginales de Bogotá y Soacha, un municipio colindante, en Ocaña, a 600 kilómetros al norte. Son 23 los muertos. La mayoría fueron tiroteados por la espalda nada más llegar. "Eso no es reclutamiento, es una desaparición forzada con fines de homicidio", dijo la secretaria del Gobierno de Bogotá, Clara López.

El ministro de Defensa salió al paso del enigma nada más conocerse. Ordenó una investigación exhaustiva. Días después, como si temiera que fueran ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas, el ministro afirmó: "Me dicen que todavía hay reductos de la fuerza pública que están exigiendo cuerpos como resultados".

No es la primera vez que se habla en Colombia de estos falsos positivos, término que engloba a campesinos y gente marginal mostrada por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Por esta vía obtienen puntos en su carrera militar. Hay denuncias sobre prebendas -días de descanso, por ejemplo- que ofrecen algunos batallones a los soldados que informen de muertos en combate.

Hay 750 investigaciones en marcha por este delito; 50 militares ya han sido condenados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido a las autoridades de desapariciones y muertes de jóvenes en varias ciudades del país. En su informe anual exhortó al alto mando militar a adoptar medidas extraordinarias para que se establezcan las responsabilidades. Hasta abril de 2008 tenían registradas 35 víctimas.

En un comunicado publicado el lunes, el Alto Comisionado "pide medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales de estos hechos".

El dolor y el desconcierto de los familiares son grandes. Los muertos tenían entre 17 y 32 años. La mayoría eran parados o realizaban trabajos precarios en la construcción y en talleres de mecánica. Algunos tenían antecedentes penales.

La alcaldía de Ocaña ha pagado a los padres el alojamiento y alimentación para que puedan ir a reconocer a sus seres queridos, pues fueron encontrandos los cuerpos en un cementerio rural. Flor Hilda no aguantó ver la exhumación de su hijo de 25 años y se desvaneció al lado de la fosa.

Las razones de por qué fueron a parar en sitios tan lejanos a su residencia, son confusas. La fiscalía investiga la versión sobre un hombre que se presentaba como soldado profesional y ofrecía dos millones de pesos (unos 710 euros) para buscar una guaca (tesoro escondido) en un municipio cercano a Bogotá. Se habla también de promesas de dinero a cambio de un buen trabajo.

Las zonas donde vivían estos jóvenes son pobres. La juventud sin futuro es fácil presa de falsas promesas y de engaños. Se sabe que allí también los reclutadores buscan candidatos para llevarlos a las filas de grupos ilegales, guerrilla, grupos emergentes -así se llama a los nuevos grupos producto del rearme paramilitar-, como las Águilas Negras.

En la personería (oficina de defensa de derechos humanos) de esta capital existen denuncias de amenazas de las Águilas Negras en los barrios marginales. Con los pasquines que hacen rodar debajo de las puertas alertan a los jóvenes drogadictos, delincuentes varios y a los que se arriesgan a salir de sus casas a altas horas de la noche. La madre de uno de los muertos, Johnatan Soto, contó en esa oficina que días antes de desaparecer su hijo le había dicho: "Nos tenemos que ir del barrio". No explicó el porqué.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, ha advertido reiteradamente sobre el reclutamiento de jóvenes, en nueve de los 32 departamentos del país. "Los grupos armados se han convertido en una especie de mercado laboral para adolescentes desorientados que no encuentran alternativas laborales".