Los 'moscosos' aprietan al Gobierno

Los días de permiso por asuntos particulares son sagrados. Que se lo digan si no a los funcionarios del Gobierno vasco que de forma masiva, especialmente los ertzainas, han acudido a los tribunales a reclamarlos. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado el 12 de abril de 2007 y de aplicación en toda España, reconoce a los funcionarios el derecho a disponer de seis días libres por año para asuntos particulares. Son los conocidos popularmente como moscosos, en recuerdo al ministro socialista que los aprobó, Javier Moscoso, cuando dirigía Administraciones Públicas en el primer gobierno de Felipe González.

Sin embargo, el Ejecutivo vasco sostiene que no son de aplicación a sus funcionarios, a los más de 6.000 que trabajan en la Administración general y a los 8.000 ertzainas, porque estarían ya incorporados en el calendario laboral pactado. En los demás casos sí que se aplican, tanto entre el profesorado como entre el personal de Osakidetza.

Lakua y Balza, forzados a aplicar el Estatuto del Empleado Público

Su no reconocimiento por la Administración autonómica ha motivado una cascada de recursos individuales de los afectados ante los juzgados de lo social y de lo contencioso. Únicamente en la Ertzaintza, un total de 702 agentes reclamaron judicialmente.

Esta riada de recursos ya ha cosechado cerca de 200 sentencias en la vía de lo contencioso, de las que el 80% ha dado la razón a los funcionarios. Mientras, en el caso de la Ertzaintza, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia vasco acaba de fallar el 12 de septiembre en contra del recurso presentado por el Ejecutivo contra una sentencia de un juzgado que reconoció el derecho a disfrutar de esos días libres.

El director de Recursos Humanos de Interior, Juan María Barasorda, había afirmado en una resolución de julio de 2007, que el artículo que recoge los moscosos en el Estatuto Básico del Empleado Público "no es de aplicación directa" en la Ertzaintza. Sin embargo, contradiciendo ese criterio, los juzgados dieron la razón a los ertzainas recurrentes y ahora, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Murgoitio, el Superior ha rechazado el recurso planteado por Interior.

El alud de fallos en contra del Gobierno le está poniendo contra las cuerdas. Por una parte, debe compensar esos días con dinero a los empleados que ya han ganado en los juzgados por los días correspondientes a 2007 y, por otro lado, debe replantearse su calendario laboral, ya que parece inevitable que los jueces sigan dando la razón a los demás empleados que reclamen. La cuestión es cómo acomodará la Administración el nuevo calendario para 14.000 funcionarios.

En el caso de los empleados de Lakua el Gobierno tacha de "improcedentes" los recursos y recuerda que la actual jornada anual efectiva de 1.592 horas (35 a la semana) es consecuencia de un acuerdo suscrito con los sindicatos. Ese acuerdo permitió reducir la jornada laboral en un total de 68 horas anuales. En la práctica, los funcionarios trabajan ocho horas y cuarto de lunes a jueves y siete horas los viernes, lo que suma 40 a la semana. Para compensar el desfase entre las 35 horas establecidas y las 40 que salen al final, el Gobierno concede una serie de días más de vacaciones y libranza (entre 8 y 10), lo que, en su opinión, compensa con ventaja los seis moscosos y suple su no aplicación.

En total, los empleados públicos suman 37 días naturales de vacaciones y libranzas al año. La Administración incluso ha llegado a advertirles que, de continuar la reclamación, se considerará "totalmente desvinculada" de los compromisos adquiridos en el acuerdo de 2001, es decir, de la jornada semanal de 35 horas.

En las sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS se repite el argumento de que el Estatuto del Empleado Público es "una norma básica, pues se trata de una regulación global, toda vez que su contenido está constituido por una regulación del interés general de la materia de función pública". Es, por tanto, de "directa aplicación" y "no requiere desarrollo alguno", según ha argumentado Ernesto Martínez de la Hidalga, el letrado del sindicato Erne, mayoritario en la Ertzaintza, que ha llevado el caso de 702 agentes.

Las administraciones públicas, añaden los jueces, deben determinar "los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración". Y si no hay una legislación aplicable sobre esos puntos, incluidos los seis días para asuntos propios, "el Estatuto Básico del Empleado Público y la propia Ley del Empleado Público marca los mínimos a seguir".