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Blesa, pendiente de una batalla jurídica en Caja Madrid

Fieles y rivales discrepan sobre suderecho a seguir al frente tras 12 años

La batalla política por el control de Caja Madrid tiene una fecha clave: mayo de 2009. Es entonces cuando se deben renovar 12 de los 21 miembros del Consejo de Administración, entre ellos el presidente, Miguel Blesa. Y es ahí donde sus enemigos, según fuentes del PP, podrán esgrimir para echarle un artículo de la ley de cajas de la Comunidad de Madrid que deja, al menos aparentemente, el futuro de Blesa en manos de Esperanza Aguirre, la presidenta autonómica.

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Blesa ya lleva 12 años como consejero. La ley de cajas de la Comunidad de Madrid, de 2003, marca que ningún consejero puede estar más de 12 años. Sin embargo, una disposición transitoria, la quinta, marca una excepción: "Los Consejeros Generales, los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control que ostenten el cargo a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque hayan cumplido el período máximo establecido en el apartado 1 del artículo 35, en el apartado 1 del artículo 52 y en el artículo 70, [12 años] o que lo cumplan durante el período electoral vigente a 31 de diciembre de 2003 podrán permanecer en el cargo durante tal mandato y uno más, si resultaren reelegidos por la representación que ostenten".

Además de la batalla política que se ha abierto por el control de la caja, hay una guerra jurídica por la interpretación de esas tres palabras, "por la representación que ostenten". Blesa fue elegido como consejero en representación de la Asamblea de Madrid en la cuota del PP, como Ricardo Romero de Tejada. Los enemigos del presidente interpretan que sólo podría seguir otros seis años (un mandato más) si fuera reelegido por la Asamblea. Pero es Esperanza Aguirre quien controla esos dos nombres que propone el grupo popular en la cámara autonómica. Por tanto, según esta interpretación, el futuro de Blesa, amigo personal de José María Aznar, que le colocó como presidente, está en manos de Aguirre, que no parece dispuesta a que continúe después de varios encontronazos.

Sin embargo, en el entorno del presidente la interpretación es bien distinta. Según fuentes de Caja Madrid, la entidad encargó tres informes a Juan Cadalso, catedrático de derecho civil y socio de Uría; Rafael Gómez Ferrer, consejero de Estado y ex magistrado del Constitucional, y Gaspar Ariño, catedrático de derecho administrativo y ex diputado del PP. Los tres concluyen que Blesa sería reelegido porque ya ha sido presidente y que, al no poner "la misma representación, no está exigiendo que sea la que le presentó en ocasiones anteriores. Si el legislador hubiera querido dejar claro que debía ser la misma entidad, lo hubiera puesto en el texto legal. Además, utiliza el tiempo verbal "que ostenten", es decir, se refiere a la representación que ostentan en ese momento, no a la del pasado". La entidad opina que con este final de frase el legislador quiso que el que fuera a ser presidente debería haber llegado a la Asamblea por una entidad (Comunidad de Madrid, ayuntamientos, representantes de los trabajadores o los impositores) "y no por otra vía, como ser una persona de prestigio", apuntan en la caja.

Esta diferencia es clave, porque Blesa cuenta con el apoyo de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid y rival de Aguirre, que podría incluirle en la lista que él controla como representación de los ayuntamientos.

En cualquier caso, y al margen de la batalla jurídica, en la dirección del PP se está extendiendo una gran preocupación por la batalla de poder en Caja Madrid. Mariano Rajoy, a quien Blesa ha llamado para saber si le iba a apoyar -también lo ha hecho con Aguirre, y ella no le dijo expresamente que tuviera intenciones de forzar su salida, según explicó él mismo- ha apostado por actuar con "sentido común".

Eso, según su entorno, implica no abrir esta batalla política precisamente cuando el PP quiere ofrecer la imagen de seriedad y buena gestión en plena crisis económica frente a la falta de ideas que achacan al PSOE. Los populares están preocupados porque tanto esta batalla como la de la CEOE, un mundo también cercano al PP, pueden deteriorar la imagen de los populares como gestores serios en momentos de crisis, una de las claves con las que Mariano Rajoy pretende recuperar el camino perdido y colocarse en buena posición para las próximas elecciones europeas.

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