El Gobierno pide superar los "disparates" de Ciudadanía

La secuencia de "malestar" creciente y la "preocupación" de los profesores, equipos directivos y padres de alumnos sobre el curso que ha tomado el "enfrentamiento" de la Generalitat Valenciana con el Gobierno central por la conflictiva implantación de la versión inglesa de Education for Citizenship llevaron ayer al Gobierno -a través de su delegado, Ricardo Peralta- a pedir que se superen de una vez los "disparates" en torno a esta asignatura. Tras reunirse con representantes de la Intersindical Valenciana, Peralta pidió "un sobreesfuerzo de compromiso" a la comunidad educativa para superar "los disparates" realizados a través de las distintas órdenes dadas por la Consejería de Educación, en su huida hacia adelante por "poner desorden" en esta materia, introducida por la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE). Una ley del Gobierno socialista para formar a los jóvenes en Derechos Humanos, pero que los sectores duros del PP "objetan" por considerar que sólo pretende el "adoctrinamiento" de sus hijos.

Font de Mora ve una operación del Estado para recortar competencias

"Esto se podía terminar si por parte de la Consejería de Educación se adoptara simplemente sentido común", insistió Peralta, al término del encuentro, en el que recordó que el Gobierno "impugnó" la norma autonómica del Consell y que "el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó la suspensión cautelar de parte de esa normativa". "Ahora, estamos a la espera de la sentencia del tribunal valenciano y de lo que diga el Supremo", zanjó.

Los miembros de la Intersidical también achacaron el "problemático inicio de curso" a las instrucciones, muchas de ellas contradictorias, dadas por la consejería "en un intento de las comunidades gobernadas por el PP de bloquear y boicotear esta asignatura".

Lejos de achantarse, el responsable del ramo, Alejandro Font de Mora, afirmó que lo que "la izquierda pretende es que el Gobierno de Zapatero revoque las competencias educativas de la Comunidad Valenciana". "Todas estas peticiones de amparo al Gobierno pretenden de manera velada -pero evidente- un intervencionismo del Estado".

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