Los inspectores entran en las clases por primera vez desde el franquismo

La entrada de un inspector en medio de una clase lectiva para realizar tareas sistemáticas de "control" en los institutos públicos no se producía desde el franquismo. Es lo que le faltaba al sistema educativo valenciano para añadir más "tensión" a la ya de por sí complicada implantación de la versión inglesa de Education for Citizenship en inglés, traducida por la Generalitat, comentan profesores y representantes.

En las aulas valencianas de 2º curso de ESO, además del tutor de Ciudadanía impartiendo su clase y del vehiculador de inglés traduciéndola, ha irrumpido la figura del inspector, que "entrevista" al profesor y rellena informes "confidenciales". Pero no en inglés, en castellano.

Las instrucciones, de ocho páginas, elaboradas por el Servicio Central de la Inspección Educativa consisten en que "el inspector, una vez en el centro, entreviste primero al director". Posteriormente, "pase a interrogar al o los profesores que imparten Ciudadanía en inglés". Y, por último, "si durante su estancia se imparte una clase lectiva, debe visitar el aula".

Con esto, el inspector habrá rellenado en 45 minutos tres "documentos confidenciales" numerados y archivados bajo el epígrafe de "Visita al aula de Educación para la Ciudadanía", interrogado a tres profesionales, e interrumpido a los alumnos para vigilar si "la materia de Ciudadanía, ¿se da en inglés?".

Órdenes de este tipo, orientadas específicamente al control de una materia, no se habían dado antes, advierte Manolo Picó, de CC OO. "La normativa actual, desarrollada tras la desaparición del cuerpo único de inspección, limita la visita del inspector a ciertas clases de Primaria, con un maestro de prácticas y cuando haya un conflicto".Éste es el cuadro que han escenificado en los últimos días los 133 inspectores de educación movilizados en los 363 institutos públicos donde se ha estrenado esta asignatura sobre los Derechos Humanos introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE), que los sectores más duros del PP siguen objetando.

La "tensión" e "indefensión jurídica" que invade a profesores y equipos directivos ha rebasado el vaso de la paciencia con el despliegue de inspectores ordenado por el departamento que dirige Alejandro Font de Mora. CC OO, STEPV y UGT denunciaron ayer una campaña de "amenazas y represión sobre el profesorado y los centros por parte de la consejería". Y cuya respuesta a este "atropello" se traducirá en "un proceso de movilizaciones para defender sus derechos laborales y la enseñanza pública".

A la amenaza de movilizaciones docentes, la consejería acumula a diario una batería de recursos de padres, institutos y sindicatos contra cada nueva orden o instrucción emitida a salto de mata para enmendar la anterior. Una estrategia de la Generalitat por no dar su brazo a torcer, desde el auto de suspensión cautelar dictado en julio, que prohíbe evaluar a un alumno de sus conocimientos de inglés.

Recurso del Gobierno

La preocupación de los padres por que sus hijos no aprueben una materia obligatoria para pasar de curso y obtener el título de Graduado llevó ayer a la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya a pedir al Gobierno para que vele por el cumplimiento de la LOE en esta autonomía gobernada por los populares. Su vicepresidenta, Gemma Piqué, insistió en que es "matemáticamente imposible dar Ciudadanía en inglés porque faltan docentes".

El subdelegado de Gobierno, Luis Felipe Martínez, reiteró a la Administración Camps que la forma en que se imparte Ciudadanía "vulnera la legislación autonómica y estatal". Martínez advirtió del "problema" que ha generado a los profesores ya que "al ser funcionarios tienen que aceptar un régimen disciplinario" y una norma que "no se ajusta a derecho".

Tras ganar la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en julio, el Gobierno formalizará en los próximos días su demanda judicial contra la orden valenciana que promovía una opción B para objetores y el inglés como lengua vehicular porque "invade competencias" y "vulnera leyes estatales y autonómicas".