La línea dura del PP en Ciudadanía indigna a los directores de instituto

La línea dura que el PP apoya en su oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía al respaldar el derecho a la objeción de conciencia, en sintonía con la posición más extrema de la Conferencia Episcopal, preocupa a los directores de los institutos de la Comunidad Valenciana que no entienden como la Generalitat respalda una rebelión a la ley y, al tiempo, les persigue por no aceptar una norma autonómica de rango inferior.

"Por qué los centros concertados no se vigilan si reciben dinero público"

Representantes de los responsables de los centros de educación secundaria de Valencia y Castellón, reunidos ayer, mostraron su inquietud por la inseguridad e indefensión jurídica en que quedan tras la posición oficial de los populares. "La rebelión del PP a las leyes estatales que tenemos que aplicar es la situación más grave a la que nos hemos enfrentado en el sistema educativo valenciano", precisaron ayer Josep Martí y Josep Luis Peris, presidente y vocal de la Asociación Profesional de Directores de Secundaria. Los directores de los institutos de la provincia de Alicante, que se reunieron ayer en asamblea, se pronunciaron en los mismos términos.

"Los equipos directivos no vamos a cumplir lo que puede ser una ilegalidad", añadió Peris, en referencia a las "instrucciones" dadas por la Jefatura del Servicio Central de la Inspección para que "controle" que la asignatura de Ciudadanía se imparte en inglés en los 363 institutos públicos. En cambio, la consejería no ha dicho ni una sola palabra sobre cómo se está impartiendo o no la materia en los casi 400 centros privados concertados, según confirmaron a EL PAÍS varios inspectores. "En la reunión con los directores territoriales se nos dieron instrucciones muy precisas a todos los inspectores para que se cumpla la orden valenciana que obliga a impartir la materia en inglés. Pero ni una palabra se nos dijo sobre cómo se da en los concertados", añadió un miembro del cuerpo de inspectores.

Los profesionales de la inspección se preguntan: "¿Por qué no tenemos que vigilar a los centros concertados, si se pagan con dinero público de todos los valencianos? ¿Y por qué velar para que haya profesor de inglés, y no para que después de 25 años de Estatut y Llei d'Ùs i Ensenyament los profesores de programas bilingües no lleguen sin capacitación, como sí ocurre?".

En paralelo, en Alicante más de 40 directores de institutos públicos, reunidos en asamblea, calificaron el inicio del curso como el "más difícil" y "caótico" al que se han enfrentado.

A los problemas "estructurales" que arrastra el sistema educativo -la fallida redistribución de los 80.000 inmigrantes escolarizados en la red pública o el retraso de la consejería para reformar el sistema de financiación de los centros prometido hace tres cursos, entre otros- se ha sumado este año la orden para obligar a los centros a implantar la versión inglesa de Ciudadanía, sin contar con medios materiales ni humanos y en contra de la suspensión cautelar ordenada por el TSJ en julio.

"No nos oponemos al trilingüismo, pero no son razonables la forma ni los medios", reiteró ayer Laura Oliva, en representación de los directores de Alicante. Los equipos directivos subrayan que "el sistema no está preparado" para dar la materia íntegramente en inglés y demandan una reforma más amplia del sistema, desde primaria con clases flexibles, grupos reducidos y cinco horas semanales. "Impartir Ciudadanía, que requiere debates y conversaciones permanentes, en inglés a niños de 12 años, es un despropósito", concluyen estos gestores.

Los directores aprovecharon sus reuniones para "solidarizarse" con los equipos directivos y el profesorado de institutos de Altea, Benidorm, Aldaia o Valencia sobre los que se han extremado las "presiones" y "amenazas de expedientes disciplinarios" por haber expresado públicamente su rechazo a implantar la materia en inglés. La asociación rechaza "el comportamiento antidemocrático" de una consejería que amenaza con abrir expedientes disciplinarios a los docentes díscolos.

Del debate en la Comunidad Valenciana se han hecho eco en On va se gener, un programa de France 1, en el transcurso del cual se ironizó sobre la "oposición de la derecha y los conservadores" a una "asignatura de instrucción cívica" que "en Francia es algo normal".