"Triunfo moral" de un hombre arruinado

La combinación de trapacería política y esclerosis judicial ha resultado nefasta para José María Sánchez-Robles. En 27 años y medio, este arquitecto y promotor no ha podido poner un solo ladrillo de la urbanización que proyectó él mismo en un olivar frente al Tajo de Ronda (Málaga).

El complejo, de 120 chalés, fue aprobado en 1981, pero el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía cambiaron las reglas de juego urbanístico a mitad de partido y el proyecto se paralizó mientras los alrededores de la ciudad bullían de construcciones.

El Ayuntamiento, tras aprobar en 1981 el proyecto, cambió el plan urbanístico

Sánchez-Robles se ha hecho viejo -empezó el proyecto con 52 años y ahora tiene 79- y se ha "arruinado totalmente" litigando en solitario contra la Administración, que ha desplegado todas sus armas para dilatar el proceso. Finalmente, el Tribunal Supremo le ha dado la razón con la ayuda de su abogado, Antonio Tastet, que también ha rebasado la edad de jubilación para conseguir este "gran triunfo moral".

En 1975, después de varios años proyectando viviendas sociales en Ronda, Sánchez-Robles compró las 16 hectáreas a medio kilómetro de la ciudad para construir la "gran obra de [su] vida". Las fincas figuraban como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda, de 1975. A finales de 1980, Sánchez-Robles presentó el preceptivo plan parcial para urbanizar los terrenos, aprobado provisionalmente por el pleno municipal en febrero de 1981.

En 1983 empezaron los problemas. Ronda cambió de gobierno, y el nuevo alcalde, Julián de Zulueta (PSOE), derogó parte de la normativa en la que se apoyaba el plan parcial, en un intento de proteger el paisaje del Tajo, uno de los más emblemáticos de Andalucía. Sánchez-Robles tuvo que esperar cinco años hasta que el Tribunal Supremo fallara a su favor. Pero no era más que un aperitivo de lo que se avecinaba. En 1988, el Ayuntamiento comenzó a redactar un nuevo Plan General que preveía expropiar las fincas de la Cornisa del Tajo. Sánchez-Robles mantuvo en los años siguientes "innumerables reuniones" con el consistorio para fijar un precio. Todas resultaron infructuosas.

En 1990, Sánchez-Robles pidió a la Junta que se encargara de tramitar el plan parcial. Obras Públicas solicitó al Ayuntamiento hasta nueve veces que le remitiera el expediente, pero el consistorio no hizo caso. La Junta reclamó entonces los documentos al promotor, que los entregó inmediatamente. En febrero de 1993, la Junta volvió a aprobar provisionalmente el proyecto, sin embargo en octubre denegaba la aprobación definitiva del plan. El mes anterior, Obras Públicas requirió a Sánchez-Robles unos documentos que ya constaban en el expediente. "Un funcionario nos dijo que fue una treta del delegado de Obras Públicas para que no pasaran tres meses y se aprobara definitivamente el plan por silencio administrativo".

Aquí ya fue la guerra. El promotor recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que no dejó visto para sentencia el caso hasta 1998. Entre otras dilaciones, la Junta tardó 18 meses en enviar el expediente a la Sala. El TSJA tardó otro lustro, hasta 2003, en dictar el fallo, nuevamente favorable a Sánchez-Robles. La Junta recurrió ante el Supremo. Y volvió a perder. La sentencia definitiva llegó en noviembre de 2006, pero hasta el pasado 17 de julio el Gobierno andaluz no la publicó en el Boletín Oficial. Todo el proceso estuvo punteado por la ruina -fue uno de los perjudicados por la quiebra de la Hermandad Nacional de Arquitectos- y por el ostracismo profesional: "Al enfrentarme a la Junta y al Ayuntamiento perdí la mayor parte de mis clientes, que no querían enfrentarse a las administraciones contratándome".

Sánchez-Robles sigue en activo y vive con una pensión de 800 euros. Aunque tiene todo el derecho a urbanizar los terrenos, todavía le quedan ganas de negociar con el Ayuntamiento de Ronda la compra de los terrenos. "Soy un hombre feliz, a pesar de todo", asegura.