La pobreza no tiene quien la investigue

Hay dos mensajes que nunca faltan cada vez que Cáritas presenta su memoria anual en la Comunidad Valenciana. El primero es que el número de personas sin recursos crece. Y el segundo que no hay estudios ni información válida que sirva para dibujar un mapa actualizado de la pobreza en el territorio valenciano, lo que complica sensiblemente el diseño de estrategias para combatir las dificultades que atraviesan estas personas.

El trabajo más reciente, sobre barrios degradados, lo financió la UE

Los últimos datos que arrojan algo de luz sobre esta cuestión son del Informe de la Inclusión Social en España presentado a principios de la semana pasada por la Fundación Caixa Catalunya. En él se refleja que más de 840.000 valencianos (el 16,8% de la población) viven por debajo del umbral de la pobreza, cuyo listón está en ingresos inferiores a 567 euros al mes por persona (por cada adulto más en la familia hay que sumar la mitad de esta cantidad y un tercio por cada menor de 14 años).

Pero estos números, tasas y cantidades no descienden más allá de la fotografía a escala autonómica. Para buscar información más detallada hay que acudir a informes de hace una década o más, en buena medida ya desfasados, como apunta Luis Díe, un sociólogo experto en análisis de pobreza, o a material pseudoclandestino de la Administración cuyas conclusiones apenas se han hecho públicas.

Dos de los estudios más relevantes son obra de Cáritas, relata Díe. Uno de ellos se publicó en 1994, por lo que está totalmente anticuado. Lo mismo sucede con el Informe general sobre condiciones de vida de la población pobre en España, también de Cáritas, elaborado en 1998, que aportaba numerosos detalles a nivel provincial y que cifró en 78.950 las personas en situación de pobreza extrema en territorio valenciano.

Curiosamente, el trabajo que cuenta con información más actualizada sobre la realidad de los valencianos en situación de vulnerabilidad no ha sido financiado por ninguna entidad autonómica, ni siquiera estatal, sino por la Unión Europea. Se elaboró como parte del programa europeo Interreg III, en el que participó la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Infraestructuras (entonces Obras Públicas). Se trata de un análisis de 66 barrios deteriorados que tenía el objetivo final de lanzar propuestas de intervención. "No era un estudio de pobreza de la Comunidad VAlenciana en sentido estricto", recuerda el propio Díe, coautor del trabajo. La idea era muy ambiciosa, ya que se habilitó una línea presupuestaria para responder a las necesidades que se detectaran. "Pero al final se eliminaron los fondos y se quedó en una propuesta de intervención". Infraestructuras tampoco difundió el informe, más allá de una presentación en 2006. Curiosamente, sólo hay un resumen publicado en Italia.

Este estudio fijó el porcentaje de pobreza severa en el 5,9% (frente al 8,5% de Caixa Catalunya) y la relativa en el 33,8%, aunque la diferente metodología empleada anula cualquier comparación.