Puertas al campo solar

"Estamos absolutamente perplejos". Esto es lo que repite una y otra vez Juan Laso, presidente de la Asociación de Empresas Fotovoltaicas (AEF). Aún no entiende por qué el nuevo decreto para la energía solar que prepara el Gobierno impondrá, además de una rebaja en las subvenciones, un tope máximo anual de instalaciones a partir de 2009. Se permitirán 300 megavatios (MW) nuevos fotovoltaicos al año. Entre enero y septiembre de 2008 se han puesto en marcha más de 1.000 MW. "La nueva normativa no es una reconducción del sector, sino una parálisis que lo va a destruir", opina Tomás Díaz, portavoz de ASIF, otra de las patronales del sector.

Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, adelantó hace unas semanas que cerraría el grifo de millones a las empresas fotovoltaicas. Según el borrador definitivo del decreto, que se aprobará antes de final de mes, se rebajará la prima que se otorga a las empresas sobre el precio de mercado por cada MW/hora que aporten a la red. Se recortará de 45 a 32 euros si se producen en techo (34 euros si la instalación es de menos de 20 MW) y de 45 a 29 euros si se producen en suelo. Además, sólo un máximo de instalaciones podrá acogerse a las ayudas: 200 MW al año en techo (edificios, cubiertas de aparcamientos...) y 100 MW en suelo (huertos o campos solares).

Con el nuevo decreto, el Gobierno pretende reorganizar un sector que se ha multiplicado al calor de las subvenciones, y que, según señalan, aumentará el déficit de tarifa eléctrica. En 2007 su crecimiento fue del 450%. Superó en sólo tres años las previsiones para 2020. Nadie, ni siquiera las empresas, niega que ha sido excesivo. Pero no creen que ahora "cargarse la industria" sea la solución. Exigen un modelo como el alemán: sin ningún tope anual que frene la expansión de un sector en el que España está a la vanguardia. "Es un error que afectará a la energía solar en todo el mundo. España estaba siendo un referente y ahora da un paso atrás", critica Greenpeace.

Las patronales hablan de paro, deslocalizaciones y huida de inversiones. "No se pueden poner puertas al campo solar", señala Laso. Díaz añade que actualmente hay muchas empresas que ya han comenzado instalaciones (que podrían sumar hasta 450 MW en total) que se terminarán el año que viene, pero que cuando se conecten a la red, con un cupo tan pequeño, será imposible que consigan primas. Su última esperanza residía en unos cupos extra que el Gobierno prometió para acoger a estas empresas rezagadas. Ya han sido definidos: 200 MW extra para 2009 y 100 MW para 2010. "Insuficientes", lamentan todos. De nuevos proyectos ninguna empresa quiere ni oír hablar.

"Hay que mirar más allá de si hubo sobrecrecimiento. Hay que ver lo que ha crecido debajo: una industria", asegura Juan Laso. Una industria que, según un estudio de Boston Consulting Group, emplea a 49.000 personas en España, la mayoría personal cualificado. Que ha generado una inversión industrial este año de 600 millones de euros en el país. Que entre 2008 y 2015 costará 13.500 millones por la tarifa fotovoltaica, pero que devolverá al Estado 11.900 millones por impuesto de sociedades, tasas locales, Seguridad Social e IRPF, a lo que además hay que sumar los ahorros y beneficios medioambientales.

"No hay que ver esto como un gasto, sino como una inversión, igual que ha ocurrido en el caso de la energía eólica. En 2015 seremos más eficientes y seremos capaces de generar energía absolutamente competitiva, pero sólo si se sigue apoyando a la industria", zanja Laso. -