Al FMI, ni agua

Cualquier cosa antes que el Fondo Monetario Internacional. Ésta es la opción por la que ha optado el Gobierno argentino para anunciar la cancelación de los 6.450 millones de deuda que mantiene con el club de París y que será sufragada con las reservas del Banco Central Argentino. El Gobierno de Cristina Kirchner no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que sus cuentas sean auditadas por el organismo internacional, tal y como exigían sus acreedores para aceptar un plan de pago a diez años vista propuesto por Buenos Aires el pasado enero y que finalmente no ha tenido la luz verde.

El FMI es una de las bestias negras ideológicas de la Administración de los Kirchner, iniciada en 2004. Tanto el ex presidente Néstor Kirchner como su mujer culpan repetidamente en público al organismo del desastre económico en el que sumió el país en 2001 y el ex mandatario presentó prácticamente como una segunda declaración de independencia la cancelación total de la deuda argentina con el FMI en diciembre de 2005. Entonces también se emplearon las reservas del Banco Central.

Una inspección a fondo podría cerrar las líneas de crédito internacionales

Cuando a poco de presentar su propuesta de pago los acreedores hicieron saber a la Administración argentina la condición inexcusable de que el FMI monitorizada el pago, los Kirchner se negaron en redondo. Pero no sólo por razones ideológicas. Según el procedimiento habitual, el FMI debería entrar a fondo en las finanzas argentinas y emitir un dictamen. En una economía con las cifras fundamentales falseadas -inflación, nivel de pobreza y nivel de ocupación, entre otras-, el Gobierno argentino supo que tendría un problema político más grave que el económico que pretendía resolver: el cierre de las líneas de crédito internacionales.

A pesar de que las autoridades argentinas insisten una y otra vez en que su economía es confiable y que sus reglas del juego están claras, la ventanilla de los préstamos está cerrada tras la suspensión de pagos de la deuda aprobada en 2002. El megacanje de ésta en 2005 con una quita de hasta el 60% no ayudó a mejorar el clima. Los titulares de unos 20.000 millones de dólares no aceptaron las condiciones argentinas. El otro gran escollo era la deuda impagada del Club de París, donde España forma parte de los acreedores, con unos 982 millones de dólares.

Hasta ahora, Argentina ha recibido el respaldo oficial de Venezuela con la compra masiva de bonos argentinos cuando ha hecho falta. Pero Hugo Chávez ha dado muestras de que una cosa es la amistad y otra son los negocios. La última compra de deuda argentina, efectuada en agosto, fue por valor de 1.000 millones de dólares a un interés del 14%. Además, Chávez tardó apenas 48 horas en revenderlos a bancos venezolanos antes de que el valor de los títulos se desplomara.

Pero el que uno anuncie que quiere pagar no quiere decir que el problema se haya terminado. Para empezar, el monto de 6.706 millones de dólares es "un tope" en expresión del propio Gobierno argentino, que estima que la cifra final será menor. Sin embargo, el Club de París habla de 7.900 millones de dólares. Encima, la decisión argentina tiene letra pequeña, que la Administración Kirchner ha tratado de que no sea filtrada a la opinión pública: la cancelación real sólo afectará a la deuda vencida, lo que significa que en noviembre el desembolso será por valor de 300 millones de dólares más intereses y penalizaciones previstas. Otra incógnita es qué ocurrirá con el calendario de pagos que España y Argentina habían alcanzado en marzo de 2007 y que no es compatible con el anuncio argentino.

Varios de los acreedores más importantes, como Estados Unidos, quieren que Argentina ofrezca una solución a los bonistas que quedaron fueran del canje de 2005, un capítulo que Kirchner da por zanjado definitivamente. También desean que el FMI ejerza algún tipo de supervisión en el proceso de pago. Y aquí es donde el corazón político vuelve a oponerse al bolsillo económico. -