Madrid falta al debate sobre garantías para las mujeres que abortan

La Comunidad de Madrid no acudió ayer a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que el Ministerio de Sanidad presentó el borrador del decreto que prepara para aumentar la protección jurídica de las mujeres que abortan. Una portavoz de la Consejería de Salud madrileña alegó "motivos de agenda" para la ausencia, informa Emilio de Benito. Ésta fue especialmente significativa porque uno de los detonantes de la regulación ha sido precisamente la actuación del Gobierno regional en el llamado caso Isadora, por el que mujeres que abortaron en la clínica madrileña fueron citadas por la Guardia Civil. El decreto prevé un sistema para que los datos de las mujeres estén lo más protegidos posible salvo petición judicial. En España, un 97% de los abortos se hacen en centros privados, aunque los pague la sanidad pública, lo que supone un tráfico de datos entre el hospital autonómico y la clínica especialmente vulnerable.

Datos codificados

"El decreto propone que todos los centros que den esta prestación separen el historial clínico de las pacientes de los datos de carácter personal". Éstos "quedarán ocultos bajo un código, que se entregará a la paciente al inicio de la prestación", y que sólo un juez podrá obligar a desvelar, informa Sanidad.

Esta regulación tendrá carácter retroactivo (se aplicará también a las mujeres que hayan abortado antes de que entre en vigor), y el ministerio espera que esté lista a fin de año. El titular de Sanidad, Bernat Soria, aclaró que la norma es independiente de la posible reforma de la legislación sobre el aborto que anunció la semana pasada la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Además, las comunidades suscribieron las bases de un documento en el que fijan los retos financieros en materia de salud ante el futuro y que remitirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este texto persigue asegurar la solvencia del sistema (la sanidad consume más el 30% de los presupuestos autonómicos).

También se dio luz verde a la financiación pública del tratamiento reparador de la pérdida de grasa en el rostro (lipoatrofia) que ocasiona el tratamiento que siguen algunas personas infectadas con el VIH. Este servicio fue anunciado en agosto por Soria. Beneficiará a unas 14.000 personas y costará unos seis millones de euros.