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Tribuna:

Sentimiento y razón

Dicen de los impulsos políticos que éstos se componen, en proporciones indefinidas, de sentimiento y de razón. En el caso de la reivindicación de un mejor sistema de financiación para Cataluña, ambos suman en proporciones mayúsculas.

Por una parte, la razón de los hechos, de los datos económicos y de una ley orgánica del Estado. Por la otra, el sentimiento de maltrato económico permanente, de engaño por las reiteradas promesas nunca cumplidas, de falta de respeto hacia las instituciones catalanas y los ciudadanos, y la intolerable injusticia de ser acusados de insolidarios y victimistas.

No es extraño, por tanto, que pese a todas las desconfianzas, las principales fuerzas políticas catalanas planteen una unidad de acción en este proceso. Quien no acabe de entender la situación puede repasar la historia de la humanidad para recordar la cantidad de revueltas que han tenido lugar por los abusos impositivos. Y luego volver al presente para tener en cuenta que Cataluña, cual diezmos feudales modernos, con el sistema actual destina cerca del 10% de su PIB a financiar servicios que otras comunidades autónomas ofrecen gratuitamente mientras que el Gobierno de la Generalitat no dispone de recursos para hacerlo, como puedan ser los libros de texto escolares y la atención dental.

Aquellos que acusan a Cataluña de ser una comunidad rica deberían saber que eso no se traduce en una comunidad de ricos. Al carecer de recursos públicos suficientes, se reducen los procesos de distribución de riqueza, lo que da lugar a ese millón de catalanes en situación de pobreza. Este hecho, sin embargo, causa poca preocupación social en aquellos que en otras comunidades dicen defender los derechos de las personas y no de los territorios.

Los ciudadanos de Cataluña se ven obligados a pagar peajes en servicios básicos, y no sólo en las autopistas, incluido un recargo en la gasolina para poder financiar la sanidad pública de un país que en ocho años ha pasado de seis a siete millones y medio de habitantes, con el sobreesfuerzo que ello ha generado en el sistema educativo, el sanitario o el de los servicios sociales.

Cataluña se ve lastrada por una excesiva solidaridad forzosa a la que el Gobierno del Estado español se niega a poner límite, aun cuando ello esté perjudicando de manera evidente el bienestar de los catalanes y el desarrollo socioeconómico del país.

El mismo Gobierno que negaba la crisis económica, pese a todas las señales que apuntaban en ese sentido, parece empeñarse ahora en ignorar la crisis sociopolítica que se avecina si se mantiene a Cataluña en la situación de agravio en la que se encuentra. Cuando el sentimiento y la razón coinciden como en este momento, incluso el más callado acaba alzando con autoridad su voz de protesta.

Ante todo ello, es significativo que haya quien invoque a intereses de partido para advertir y amenazar de las consecuencias de la unidad de acción de los partidos catalanes. Poner unas siglas por delante de las necesidades de los catalanes revela una perversa escala de valores. Lo más destacable, sin embargo, es que con sus palabras ha expuesto sin matices la responsabilidad de los representantes políticos catalanes. En el resultado del proceso, deberán demostrar sin atisbo de dudas si han defendido al pueblo al que representan o lo han subordinado a sus intereses de partido. Y cuando lo que se está pidiendo no es la solución definitiva, sino que se está luchando por los mínimos necesarios para el país, cualquier paso atrás respecto a lo que ya fue rebajado durante el proceso estatutario se evidenciará como una renuncia en la defensa de Cataluña.

A su vez, no debe olvidarse que, más allá de una u otra forma de Estado, la mayoría de los catalanes no piensa renunciar a ser y a existir con identidad cultural y política propia. Es esa voluntad de ser, de libertad, la que define la Diada del Onze de Setembre, la fiesta nacional de Cataluña, en la que recordamos los hechos de 1714 y celebramos que, pese a represiones e imposiciones, perviven nuestra lengua, nuestra identidad y nuestra voluntad de ser políticamente libres para decidir nuestro futuro.

La Diada de hoy, por tanto, será un homenaje a los que lucharon en el pasado por nuestra libertad, pero también una reivindicación de los derechos y las libertades de los catalanes en clave de presente y de futuro. Esta reivindicación irá creciendo en los próximos meses si el Gobierno del Estado persiste en negar aquello que es ley, que es justo, que ya aceptaron y que Cataluña necesita.

Bona Diada!

Ernest Benach i Pascual es presidente del Parlament de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de septiembre de 2008