Medio Ambiente impone sanciones a 16 ayuntamientos por vertidos ilegales

Un total de 16 ayuntamientos gallegos se enfrentan a 24 expedientes de sanción por verter residuos de manera ilegal, según desveló ayer la Consellería de Medio Ambiente. Desde el mes de mayo hasta agosto de este año, el departamento autonómico ha instruido un total de 88 expedientes, de los que 64 pertenecen a empresas privadas.

Las sanciones son consecuencia de la puesta en marcha en septiembre de 2007 del Plan de Control de Vertidos, que durante este tiempo ha llevado a cabo un total de 4.776 inspecciones. Las sanciones todavía están en período de recurso pero el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, estima que su departamento podría recaudar 1,5 millones de los municipios y otros 4,5 millones de las empresas, con lo que la cifra de recaudación podría alcanzar los 6 millones de euros. Los municipios podrían enfrentarse a multas de hasta 300.000 por vertidos continentales y de 450.000 si los vertidos se realizan en la costa.

El Plan de Control de Vertidos ha realizado 4.776 inspecciones

Sanxenxo podría enfrentarse a una multa de hasta 450.000 euros

Entre los ayuntamientos expedientados se encuentran Ribeira, Vigo, Pontevedra, Sanxenxo, Cambados o Padrón. Vázquez detalló que el problema de los municipios son siempre "de aguas residuales", debido a insuficiencias en las depuradoras o bien a un crecimiento urbanístico "desproporcionado" que sobrecarga los sistemas de colectores.

El conselleiro destacó el caso de Sanxenxo, que podría enfrentarse a una multa de hasta 450.000 euros por realizar vertidos directos al mar. "A pesar de llevar tres años pidiéndole que nos ceda un lugar para construir una depuradora, sigue construyendo urbanizaciones", apuntó Vázquez, "no hay sistema general que soporte eso".

Las zonas más afectadas son el río Ulla, con 20 vertidos, la ría de Arousa, con 13, y la ría de Vigo, con 11. Precisamente ayer la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) anunció que, junto a las plataformas en defensa de la ría de Arousa y Vigo, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el vertido de los lodos portuarios derivados del dragado del puerto del Berbés, un vertido que podría poner en riesgo todo el parque nacional Illas Atlánticas, informa Lara Varela.

Vázquez advirtió que su departamento aplicará por primera vez la Ley de Responsabilidad Ambiental según la cual, además de las sanciones impuestas por los vertidos, se puede obligar a los municipios y las empresas a pagar el coste de la restauración del medio natural degradado como consecuencia de sus acciones.

De las 4.776 inspecciones realizadas dentro del plan, los técnicos destacaron 3.460 puntos susceptibles de producir vertidos. Este inventario realizado por personal especializado pretende identificar las zonas potencialmente sensibles a sufrir este tipo de situaciones.

"Los ayuntamientos que piensan que contaminar nuestros ríos es gratis, están comprobando que no es así", afirmó Manuel Vázquez, quien advirtió además que "va a haber un sistema férreo de sanciones". El objetivo del Plan de Control de Vertidos es que las aguas de Galicia logren estar saneadas en 2015.