Patronal y sindicatos ven poco factible cerrar el grifo migratorio

La intención que tiene el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de frenar la contratación de inmigrantes en origen es más retórica que real. Los sindicatos y la patronal consideran complicado suprimir de un plumazo esa vía, pues los desajustes del mercado laboral impiden en muchos casos encontrar el perfil requerido para un puesto de trabajo y obligan a buscarlo en el extranjero. La ley avala al empresario para que recurra a otros países si los servicios públicos de empleo no encuentran candidatos en España, incluso en ocupaciones de fácil cobertura, según un real decreto de 2004.

"No vendrán en la misma proporción que antes, pero tendrán que seguir trayendo extranjeros. La disponibilidad de los parados [en España] no siempre es la misma", argumenta Juan Menéndez-Valdés, técnico de la CEOE. Pese a compartir la idea general de que la crisis aconseja ocupar primero a los parados que ya están en el país, este experto ve "poco realista" la propuesta, a no ser que cambie la normativa.

Para restringir las contrataciones en origen, es fundamental que los servicios públicos de empleo funcionen de forma coordinada y canalicen hacia otras provincias las profesiones que no son capaces de cubrir con los parados autóctonos. En la práctica no ocurre así; por eso el diálogo social se ha marcado como prioridad modernizar los servicios de empleo, gestionados por las comunidades autónomas, aunque hay uno estatal que debe centralizar la información. Además, los parados no están obligados a aceptar una oferta de empleo si no se considera adecuada a su perfil y situación.

Más que en la patronal, las palabras de Corbacho han generado malestar entre los sindicatos. "Nos empieza a preocupar que cada vez que el ministro habla de la situación económica aluda a la inmigración, como si ése fuera el problema del paro. Es un mensaje irresponsable", critica Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT. La sindicalista cree especialmente grave que el anuncio se produjera después de una reunión con sindicatos y patronal, a los que no se les mencionó una palabra. "Es una patada a las formas del diálogo social", concluye.

Lola Liceras, responsable de Empleo de Comisiones Obreras, comparte la indignación: "No nos gustaría discutir así la política migratoria". Liceras exige al ministro que concrete cómo piensa frenar la inmigración, aunque el problema, subraya, reside en controlar a los sin papeles. "Lo que debería decir el ministro es que quiere frenar las entradas de irregulares", zanja.