Rechazo general al cerrojazo para contratar inmigrantes en origen

Con sólo cuatro palabras, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha desatado una tormenta sobre su cabeza. Desde que tomó posesión del cargo, hace cinco meses, venía repitiendo que se proponía revisar a la baja la contratación de inmigrantes en el extranjero, pero el miércoles añadió una coletilla: "Se aproximará a cero".

El anuncio, que ha sido traducido al román paladino como que el ministro quiere suprimir las contrataciones en origen, ha desatado una ola de críticas entre los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes.

El PSOE afirma que "lo prioritario es atender a los españoles"

El PP dice que el Gobierno sólo deja abierta la puerta a la inmigración ilegal

La contundencia de Corbacho pilló desprevenidos a la mayoría de sus compañeros de Gobierno e, incluso, a su propio partido. A pesar de ello, todos los altos cargos socialistas consultados salieron en su defensa. Alguno de ellos, incluso, con argumentos que recuerdan al lema electoral del líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen: "Los franceses, primero".

Ése ha sido el caso del portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, quien declaró (y luego su partido confirmó a través de un comunicado): "Lo prioritario es atender a los ciudadanos españoles que necesitan trabajar. Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad".

Corbacho no aspira a tanto. Ni siquiera ha previsto un solo cambio legal. El ministro pretende utilizar el margen de discrecionalidad que la ley otorga al Gobierno para reducir los contratos estables del contingente anual de trabajadores extranjeros (los temporeros seguirán llegando) y para reducir el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que elabora trimestralmente el Servicio Nacional de Empleo. Por esos conceptos, el año pasado entraron legalmente en España 234.457 extranjeros, una cifra que parece imposible de mantener cuando el paro afecta a 2,5 millones de personas.

Un miembro del gabinete de Corbacho recordaba ayer que, en algunas provincias, el catálogo recoge como ocupaciones de difícil cobertura las de albañil, camarero o taxista. "¿Puede alguien jurar que no hay en España un solo albañil dispuesto a trabajar en cualquier provincia?", se preguntaba.

Pero las cuatro palabras del ministro dejaban poco margen para los matices: la contratación en origen "se aproximará a cero". Incluso el PP, que durante varios años mantuvo bloqueados los mecanismos para contratar inmigrantes, acusó a Corbacho de "cerrar la vía de entrada de la inmigración legal, dejando únicamente la puerta de la inmigración ilegal para entrar en España", según su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons.

La mayoría de los demás partidos del arco parlamentario se mostraron también críticos. IU calificó la medida de "populista", el PNV dijo que es "insolidaria e injusta", ERC definió como "reduccionista" el mensaje del ministro, Coalición Canaria habló de "demagogia" y CiU pidió "realismo" al Gobierno.

Los argumentos más repetidos contra el anuncio de Corbacho son, además de que vincula la inmigración con la crisis económica, que el cierre de las contrataciones fomentaría la economía sumergida y que favorecería la inmigración ilegal.

Algunos de los críticos han mencionado, además, que el Gobierno no podrá sacar adelante la medida sin incumplir los convenios internacionales que ha firmado con varios países. España tiene convenios de inmigración con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Mauritania y Ucrania (los de Rumania y Bulgaria han quedado obsoletos tras la entrada de ambos países en la UE). Pero fuentes oficiales aseguran que ninguno de ellos obliga a hacer un número determinado de contratos.