El Gobierno califica de disparate la política de Camps sobre Ciudadanía

El empecinamiento del Consell en extender el inglés a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una lengua vehicular más del sistema educativo español ha vuelto a encontrar el rechazo del Gobierno socialista, los partidos de la oposición, de los sindicatos y de los padres y madres de alumnos.

Los padres critican la falta de docentes de inglés en infantil a costa de Ciudadanía

UGT critica que se contrate profesores cuando se adeudan 40 millones

Ayer el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, afirmó que la decisión de impartir la asignatura en las condiciones que pretende la Consejería de Educación, con dos profesores en un aula -el de Geografía o Filosofía, que tiene la atribución docente, más otro de inglés que actúe como traductor- "es un disparate y algo totalmente insólito en el resto del Estado". La Generalitat acumula cuatro recursos contra esta orden, uno del Gobierno central.

Ni las críticas, ni la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ordenó la suspensión cautelar de algunas de las pretensiones de la consejería, arredraron al titular de Educación. Alejandro Font de Mora volvió a mostrar su orgullo porque "la Comunidad Valenciana es la primera autonomía que imparte una asignatura obligatoria en inglés".

Frente a la satisfacción oficial, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió de que el consejero se estaba "deslizando en el terreno penal de la prevaricación" y se mostró contrito porque la Comunidad Valenciana se ha convertido en "el líder del hazmerreír del sistema educativo de toda España". Glòria Marcos, portavoz de Esquerra Unida, calificó las actuaciones de Font de Mora de "despropósitos".

Los representantes de los padres de la escuela pública, organizados en la Confederación Gonzalo Anaya, no alcanzan a comprender por qué se les niega el "derecho constitucional" a matricularse en castellano o en valenciano y "se impone el inglés en Ciudadanía cuando faltan maestros de inglés para Educación Infantil, que es una gran apuesta y una mejor inversión en los más pequeños". "Es una ocurrencia más de un consejero al que, lejos de preocuparse de la alta tasa de fracaso escolar del 40%, se le ocurre poner traductores simultáneos", manifestó su presidenta Rosa Giménez.

El STEPV reiteró que considera "ridículo, absurdo y un insulto a la inteligencia la decisión de recortar las competencias del profesorado de inglés para usarlos como simples traductores simultáneos". Pero, además, recordó la responsabilidad que pesa sobre la consejería al permitir la "insumisión a una asignatura obligatoria, lo que conllevará la no obtención del graduado escolar".

CC OO, que fue el sindicato que pidió la suspensión cautelar y que, en breve, formalizará una demanda contra la imposición del inglés como lengua vehicular, subrayó los "graves problemas" que padece el sistema educativo valenciano. "Con una entrada de 50.000 alumnos en primero de ESO, el número de matriculados al llegar a primero de Bachillerato o Ciclos Formativos cae a 30.000. Es decir, que solo se mantiene en el sistema el 60% del alumnado, mientras que la tasa de abandono llega al 40%, muy por encima de la media de la OCDE, que ronda el 25%".

UGT denunció, además, el hecho de que se adeuden desde 2007 "40 millones de euros" entre los atrasos de los trienios reconocidos a los interinos, los complementos impagados a los equipos directivos y la deuda con el profesorado de la concertada, y se pretenda contratar a un centenar de profesores de inglés para hacer de traductores.

La consejería encontró el apoyo en la organización Valencia Educa en Libertad (Vael), que mostró su alegría ante el anuncio de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) y del arzobispado de Valencia al movimiento objetor a la asignatura, que agrupa de momento a centenares de padres en la Comunidad Valenciana. Concapa se ha ofrecido para asesorar jurídicamente a quienes ejerzan la objeción de conciencia, "especialmente a quienes tienen matriculados a sus hijos en colegios públicos".