Corbacho suprimirá la contratación de inmigrantes en origen en 2009

La crisis del mercado laboral va a liquidar una de las medidas estrella del Gobierno socialista para reordenar la inmigración. La contratación en origen, que desde 2004 ha permitido traer a extranjeros para puestos de difícil ocupación pese a existir parados en España, "se aproximará a cero" a partir de 2009.

Lo anunció ayer con rotundidad el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tras reunirse con los sindicatos y la patronal. "No parece razonable que con 2,5 millones de parados sigamos recurriendo a la contratación en origen", argumentó. El año pasado, 200.000 inmigrantes llegaron a España por esa vía.

Sólo habrá permisos excepcionales o para cumplir convenios internacionales

Pese a la relevancia de la medida, el ministro la anunció casi por casualidad, una vez terminada la comparecencia ante la prensa para explicar los resultados de la reunión y tras leer una nota que le había hecho llegar un colaborador con la cifra de contratados en origen entre enero y julio: 88.180. De hecho, Corbacho no abordó esta cuestión en el encuentro previo con los agentes sociales.

Salvo tareas muy especializadas o puestos de trabajo fruto de convenios internacionales con otros países, no habrá cupo para las contrataciones en origen en 2009. Con ese objetivo, Trabajo reducirá al mínimo el catálogo de contrataciones que se consideran de difícil cobertura y que permiten acudir al extranjero a buscar candidatos. Ya no habrá, por ejemplo, camareros, mozos de almacén o limpiadores, pues se considera que esos puestos se pueden cubrir perfectamente con los parados -españoles o extranjeros- que ya están en el país.

Más allá de esta medida, Trabajo prepara un plan de empleo destinado a reciclar a los parados procedentes de sectores en declive, principalmente la construcción, en otros con más futuro, como el medio ambiente, la atención a la dependencia o los servicios sociales. Pese a haberlo avanzado en los últimos días, Corbacho no quiso ayer detallar este proyecto para dar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la oportunidad de desgranarlo en su comparencia parlamentaria del próximo día 10.

El Gobierno dispondrá de una partida generosa para abordar esta iniciativa, dirigida en principio a unas 100.000 personas. Serán algo más de 1.000 millones de euros, según fuentes de Trabajo, que podrán ampliarse con la aportación de comunidades y ayuntamientos. La idea es revisar todos los planes de empleo actualmente en vigor para ver si realmente cumplen con su cometido. De esa evaluación surgirá un proyecto más sólido encaminado a fomentar las profesiones que generan empleo pese a la crisis.

Aunque este proyecto suena similar al ideado por el anterior titular de Trabajo, Jesús Caldera, y concretado finalmente por el equipo de Corbacho en julio, el nuevo plan no anula el anterior, que debe empezar a funcionar como muy tarde el próximo mes, explicó el ministro. Hoy mismo la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, enviará una carta a las comunidades autónomas urgiéndolas a contratar a los 1.500 orientadores de empleo que deben crear itinerarios personalizados para los parados con dificultades. Falta por poner en marcha las ayudas de 350 euros al mes que recibirán los desempleados mientras se forman para otra ocupación.

Esta iniciativa conecta con el "primer compromiso", en palabras de Corbacho, que se ha marcado el diálogo social: modernizar los servicios públicos de empleo para que realmente medien entre la empresa y los trabajadores y se adapten a las nuevas necesidades del mercado. El Gobierno confía en tener un modelo definido antes de final de año.

La mejora de la formación profesional, tanto en las escuelas como en el mundo laboral, y el desarrollo del estatuto del autónomo son las otras tareas prioritarias del diálogo social.