Aguirre endurece su desafío al fijar alternativas a Ciudadanía

El boicoteo del PP a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía abrió ayer un nuevo frente a pocos días del arranque del curso escolar. La Comunidad de Madrid planta cara a la asignatura obligatoria y ayer anunció que propondrá a los alumnos cuyas familias se declaran objetoras que hagan, a cambio, tareas de voluntariado o trabajos en el mismo centro educativo. Cerca de 62.000 escolares madrileños de 2º y otros 53.000 de 4º de ESO tienen incluida esa materia en su temario a partir de este curso.

El Ministerio de Educación ya ha advertido en numerosas ocasiones que quien no curse la materia no podrá obtener su título escolar. Hace un año el líder del PP había regañado a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, cuando avanzó su postura. Y la justicia acaba de tumbar un plan muy similar al de Aguirre en la Comunidad Valenciana. El pulso se endurece.

Los tribunales de varias comunidades se han pronunciado sobre la objeción de conciencia a la asignatura. Pero hay disparidad de criterios. En Andalucía y La Rioja las sentencias apoyaron la objeción promovida por organizaciones conservadoras. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en cambio, tumbó una propuesta gemela a la de Aguirre que planteó el presidente Francisco Camps: sustituir la clase de Ciudadanía por un trabajo académico.

La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, si es que el asunto no llega al Constitucional. La consejera de Educación, Lucía Figar, señaló que, mientras se pronuncian los tribunales, "lo primero es garantizar la adecuada atención educativa de los alumnos que no cursen la asignatura". La alternativa propuesta por la consejera de Educación incluye trabajos relacionados con "el currículo de la Comunidad de Madrid" que cada centro deberá perfilar. Y puso como ejemplo actividades relacionadas con la Constitución, los derechos fundamentales o tareas de voluntariado. Figar se amparó en la sentencia de La Rioja y obvió otras en sentido contrario.

En plena campaña electoral regional, en mayo de 2007, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) avanzó que cambiaría esta materia por actividades de voluntariado. Entonces le rectificó el presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien le recordó que las leyes están para cumplirlas. El líder del PP se expresa ahora de forma más ambigua. El Ministerio de Educación lo tiene claro: no cursar Ciudadanía tiene "los mismos efectos" que objetar en matemáticas. La asignatura es obligatoria y punto. Quien no la cursa sabe a lo que se expone.

Aguirre consideró ayer que "algunos manuales publicados" suponen "un intento de adoctrinamiento que tiene que ver con la voluntad de que los niños piensen igual sobre determinadas cuestiones". "La educación moral se la tiene que dar a cada niño su familia y eso es lo que dice la Constitución", dijo.

Efectivamente, hay manuales para todos los gustos, como en otras asignaturas. Son los maestros los que eligen el libro y ejercen su libertad de cátedra al impartir clase. Los centros religiosos ya han anunciado que adecuaran esta asignatura a su ideario, mientras que otros maestros de la escuela pública critican que la asignatura se está diluyendo por el uso, casi a la carta, dicen, que unos y otros hacen de ella.

Cerca de 6.000 familias madrileñas han firmado contra la asignatura, según cifras facilitadas por la Consejería de Educación, que indicó que aproximadamente la mitad corresponde a alumnos que deben cursarla ya en septiembre. Una cifra que contrasta con el balance del resto de España: en las comunidades donde ya se impartió la asignatura el curso pasado el número de objetores acreditado fue testimonial, cercano al centenar de alumnos entre los que efectivamente tenían que cursar la materia.

El PSOE considera que Aguirre "usa a los niños madrileños en su guerra contra el Gobierno de España", según su portavoz en la Asamblea regional, Maru Menéndez. "Las chicas y los chicos no tienen la culpa de que Aguirre tenga una ambición desmedida y no deben pagar las consecuencias que supondría para su currículo escolar si no cursan esta asignatura que es obligatoria por ley". IU acusa al Gobierno de Aguirre de "dar amparo a una ilegalidad", según su portavoz, Inés Sabanés.