'Marcha blanca' contra el crimen en México

La indignación de una sociedad harta de asesinatos, secuestros y corrupción ha escalado hasta lo más alto. Cientos de miles de mexicanos -más de 200.000 sólo en la capital, según la policía- salieron el sábado por la noche (madrugada de ayer en España) a las calles y plazas del país, mayoritariamente vestidos de blanco, para reclamar a los políticos seguridad, justicia y paz. Por todas partes se repitió una exigencia: "Si no pueden [derrotar al crimen], váyanse".

La plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el corazón político y social del país, fue el epicentro del movimiento ciudadano que, sin líderes ni banderas políticas, exige que se acaben los secuestros, las ejecuciones, los robos, las extorsiones policiales y los jueces que se venden al mejor postor. A la plaza llegó gente de las zonas marginales, de los barrios residenciales y de las colonias de clase media. Todos unidos por la desesperación, cansados de la impunidad con que se mueven los criminales en un país en el que el 98% de los delitos se queda sin castigo. Todos pidieron a las autoridades que hagan más.

México vive una ola de violencia desatada por el crimen organizado, que en lo que va de este año se ha cobrado la vida de 3.000 personas, más que en todo 2007. La semana pasada, una docena de cadáveres decapitados fueron hallados en la península del Yucatán. Desde el 1 de enero, se han denunciado más de 400 secuestros.

El blanco fue el color elegido por los organizadores para vestir la marcha, en la que la gente llevaba carteles como éstos: "Policías y ladrones son la misma cosa", "Castigo a los jueces corruptos", "Políticos ladrones, váyanse". Algunos medios afirman que la iniciativa reunió a un millón de personas en todo el país; en la capital, las autoridades calcularon que fueron unas 80.000, y otras fuentes, como la policía, más de 200.000.

A las 20.30 de la noche mexicana (las 3.30 de la madrugada en la España peninsular), en el Zócalo y muchas otras plazas del país se encendieron velas, cirios y linternas para iluminar México. Los ciudadanos entonaron el himno nacional y las campanas de las iglesias llevaron el mensaje a las altas esferas del poder: "Si no pueden, váyanse". Ésta fue la frase lanzada hace unos días por Alejandro Martí, el padre de un chico de 14 años secuestrado y asesinado presuntamente por policías pertenecientes a una banda que opera impunemente desde hace años.

"Tengo varios amigos que han sido secuestrados y, aunque ninguno ha sido asesinado, el terror es la muerte", afirmó Clara Álvarez, estudiante de Medicina que participó en la marcha. Caso diferente, pero también grave, es el de Marcos Bustamante, que llevaba un cartel contundente: "Mi hermano está preso. Lo acusan de ser un narcotraficante porque denunció a los narcos infiltrados en la autoridad".

Los testimonios suman robos, asaltos, extorsiones, chantajes, secuestros y asesinatos que dejan a los ciudadanos en total indefensión. "Impunidad es el nombre del juego", afirma la politóloga María Amparo Casar. Apenas unas horas antes, las cabezas de dos mujeres aparecían en el norteño Estado de Durango, mientras se recordaba que muchos de los 4.000 asesinatos de mujeres cometidos en los últimos años en Ciudad Juárez siguen impunes.

Asaltantes sin castigo, sicarios que asuelan pueblos y ciudades -80 municipios se encuentran bajo control del narcotráfico-, policías corruptos y jueces sin control forman parte del escenario nacional. Según una encuesta reciente, más de medio millón de jóvenes cuentan que han sido víctimas de algún robo, agresión o violencia en el último año; 5.000 dicen que han sido secuestrados, y otros tantos fueron violados.

El llamamiento a la marcha del sábado fue abierto, pero ciertamente los políticos estuvieron vetados. Los mexicanos los consideran responsables en buena medida de lo que pasa. Los organizadores se reunieron ayer con el presidente, el conservador Felipe Calderón, quien el sábado cayó de una bicicleta y se fracturó un hombro, para entregarle una serie de propuestas.

Calderón acaba de lanzar un plan de 75 medidas para frenar la violencia que contempla la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y reformar las leyes para que los secuestradores cumplan las penas íntegras.