Los 90.000 euros intervenidos a una edil enfrentan al gobierno de Estepona

El nuevo alcalde de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), no disfrutará de los 100 días de gracia. Poco más de un mes después de ocupar el cargo, ha comenzado a recibir sus primeros reveses públicos. Y no han llegado de la oposición, sino de las mismas filas socialistas. El edil Antonio Sánchez contradijo al alcalde y defendió a la ex concejal de Cultura y Fiestas, Asunción López, imputada por cohecho y tráfico de influencias en el caso Astapa de corrupción urbanística. Las discrepancias han abierto una veda a la que se ha sumado gustosa y rápidamente la oposición.

El alcalde negó el martes la posibilidad de reclamar a la juez Isabel Conejo, instructora del caso, los casi 90.000 euros en metálico que la policía intervino en la delegación de Cultura de Asunción López. "El dinero no había pasado por la tesorería municipal y difícilmente se podría acreditar su propiedad", resumió el regidor.

Un día después, el edil de Hacienda se mostró dispuesto a reclamar la suma y así defender el trabajo de la ex concejal de fiestas. "La concejal pretendía hacer una encomienda de gestión a la empresa Promoción y Comunicación Estepona, S. L. Solicitaré a la sociedad que elabore un informe para reclamar a la jueza la devolución del dinero", dijo en una rueda de prensa convocada con carácter urgente.

Las declaraciones se vieron como una rebeldía. Algo que el edil niega. "No hay ninguna contradicción. Hay un acuerdo de base total entre el alcalde y yo. Los dos somos conscientes de la procedencia y destino de ese dinero y del talante y el buen hacer de la responsable de área (...) Había una dificultad de tipo administrativo (...) Estábamos de acuerdo antes de hacer estas declaraciones, pero a otros les interesa más hacer una lectura política", explica Sánchez.

Fuentes consultadas aseguran que los informes del secretario municipal y el tesorero siguen desaconsejando reclamar la suma. "En ninguna Junta de Gobierno consta que se incluyera y aprobara una encomienda de gestión a favor de la empresa Promoción y Comunicación para la organización de feria y fiestas", destaca el secretario municipal José Gustavo Rubio Luna en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.

"Tal cantidad oficialmente no existe por lo que difícilmente puede reclamarse algo que no ha sido cobrado, ni emitida la correspondiente carta de pago", añade el tesorero en otro escrito. El técnico aprovecha para subrayar "la ilegalidad de efectuar cobros de ingresos públicos por parte de una sociedad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización".