Spanair pidió cambiar el avión pero rectificó

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, reveló ayer en sede parlamentaria que, el miércoles 20 de agosto, Spanair avisó a las autoridades aeroportuarias de que barajaba un cambio de avión, cuando el MD 82 que luego acabó siniestrado tuvo que volver al aparcamiento por una avería en un sistema de medición de temperatura. La compañía "indicó al aeropuerto la posibilidad de sustituir la aeronave", con matrícula EC-HFP, la que sufrió el accidente "por otra de matrícula EC-HFS". Pero, al final, no consumó el cambio. Este dato facilitado por la ministra levantó sospechas sobre la actuación de Spanair en un accidente que ha costado la vida a 154 personas.

La compañía se limitó a explicar que la comunicación de un posible cambio de aparato es un procedimiento normal cuando se produce una avería. Aduce que, cuando se detecta un problema, se analiza si hay otro avión disponible para sustituir al que tiene el fallo, para recortar en lo posible el retraso y evitar la pérdida de conexiones de los pasajeros en otros aeropuertos. La empresa no precisó por qué se renunció a ese cambio de avión, que ya acumulaba dos sistemas apagados (la reversa del motor derecho y el medidor de temperatura), con el argumento de que existe una investigación judicial en marcha (además de la técnica de la Comisión de Investigación de Accidente e Incidentes de Aviación Civil, CIAIAC).

La ministra asegura que la compañía es la única responsable de sustituir el avión

El Gobierno quiere esperar a la investigación para cambiar la ley

El anuncio de que hubo un aviso de cambio de avión fue la única novedad relevante de la comparecencia extraordinaria de la ministra ante la Comisión de Fomento del Congreso. Y sobre ella tuvo que insistir luego, para matizarla, habida cuenta del revuelo que se montó inmediatamente. De hecho, no entendió el porqué de la insistencia en ese posible cambio, según señaló a los periodistas al término de la comparecencia en el Congreso. Reiteró que la responsabilidad de sustituir o no un aparato compete en exclusiva a la compañía y que ninguna autoridad, ni del aeropuerto ni de Aviación Civil, tiene competencia al respecto. "Yo me imagino que [lo que] dice [la compañía es] 'vete anotando otra matrícula por si tengo que cambiar de avión", matizó luego en la réplica.

Algunos pilotos de Spanair consultados, explicaron que es el responsable de mantenimiento quien informa a la dirección de operaciones de la compañía de que existe una avería, y del tiempo que puede llevar o bien solucionarla, o bien utilizar un procedimiento que permita realizar el vuelo sin necesidad de arreglar el fallo.

En el caso del MD-82 siniestrado, se desconectó el calentador del sensor de temperatura exterior, según Spanair. Los manuales permiten demorar el arreglo de ese fallo 10 días. El mismo plazo de que dispone la compañía para solucionar el otro fallo conocido del aparato: la reversa del motor derecho, que sirve para ayudar a la frenada del avión en el aterrizaje, se canceló tres días antes del siniestro porque también fallaba.

En caso de una avería detectada en los minutos previos al despegue y si hay algún otro avión disponible, se valora la conveniencia de cambiar de aeronave a los pasajeros y sus equipajes. En el caso del vuelo JK5022, entre que se le autorizó el despegue por primera vez (a las 13.25, según relató ayer la ministra Álvarez) y el momento del accidente (14.25) pasó exactamente una hora.

Las dudas sobre la actuación de la compañía o el comandante hicieron reaccionar al sindicato de pilotos SEPLA, que aseguró que existían casos de profesionales sancionados o incluso despedidos por garantizar la seguridad de sus vuelos, lo que hace muy difícil que tomen "decisiones libres" sobre si un avión está o no en condiciones de volar. Pero los parlamentarios presentes en la comisión apenas entraron en ese aspecto. Preguntaron sobre todo por la coordinación de los diferentes equipos de rescate, por la falta de inspectores de Aviación Civil (la ministra polemizó sobre lo que dice la ley al respecto, pero prefirió no entrar a analizar el tema pormenorizadamente), por las conversaciones con la torre de control... Y también plantearon la necesidad de actualizar o desarrollar la legislación aeronáutica vigente.

Pere Macías, de CiU, que reprochó al Gobierno el "error" por la tardanza en remitir al juez el vídeo de AENA, incidió en la necesidad de dar más independencia a la CIAIAC, al igual que Gaspar Llamazares, de IU, quien reclamó una nueva ley de Navegación Aérea, ya que la actual, aunque ha sufrido reformas, data de 1960.

Llamazares quiso hacer una "autocrítica" como parlamentario por no haber avanzado en ese camino y subrayó cómo ha crecido el sector en España mientras el órgano regulador no lo ha hecho a la misma velocidad: "Es un elefante enfrentado a un ratón y sólo en los cuentos los elefantes tienen miedo de los ratones".

La ministra rechazó la crítica de CIU sobre el vídeo y explicó que esas imágenes se enviaron por medio de la policía judicial al juez. No se avino a comprometerse a un cambio legislativo porque, argumentó, prefiere esperar a las conclusiones de la investigación. "Estoy dispuesta a analizar cuantas normas sean necesarias y modificarlas si encontramos otras más útiles", señaló.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en una intervención intencionadamente emotiva y contenida, inquirió por el dispositivo de emergencia y sobre aspectos de la investigación. Pero la ministra no dio más información, amparándose en la investigación en curso, incluso en referencia a detalles como si la avería anotada antes del vuelo y su solución son las mismas que reportó Spanair. "No voy a decir la incidencia", zanjó.

En cambio, sí ofreció la ministra una cronología detallada sobre la actuación de los diversos equipos de emergencias. Sostuvo que fue la torre de control quien dio la primera alarma a los bomberos del aeropuerto. "Se hizo todo perfectamente", zanjó. Según la ministra, sólo se tardó cuatro minutos en activar la máxima alerta (nivel de emergencia) en el aeropuerto de Barajas, desde que la torre dio el primer aviso. También se extendió en pormenorizar las inspecciones realizadas por su departamento y el incremento de medios respecto a anteriores responsables de su departamento.

Sáenz de Santamaría pidió al Gobierno "sensibilidad" con las familias de las víctimas y que vigile el cumplimiento de los pagos de indemnizaciones a los afectados. La portavoz popular remató su intervención con una apelación a que el "rigor presupuestario" necesario en una situación de "recesión" no afecte a las cosas fundamentales, como el garantizar la seguridad.

Magdalena Álvarez prometió de nuevo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea estará en funcionamiento en el segundo semestre de este año y reclamó el apoyo de los grupos ahora que se avecina el debate presupuestario y el Gobierno necesita socios para sacar las cuentas adelante, y para que "le parezca bien" al vicepresidente económico, Pedro Solbes, dedicar más dinero a la seguridad aérea.