Embargados 20 dueños de casas ilegales en Mijas

Las negativas a demoler las viviendas ilegales de Mijas (Málaga) están costando el embargo de sus bienes a al menos una veintena de propietarios de esta localidad de la Costa del Sol. Los afectados calculan que en el municipio hay unas 8.000 casas irregulares, 2.000 de ellas con expedientes de demolición. Si estos últimos no derriban sus viviendas se enfrentan a una multa por el 10% del valor de tasación de su casa. El impago les aboca al embargo de propiedades, vehículos o cuentas.

"La primera vez que te llega la sanción puedes afrontarla recurriendo a amigos, pero después la cosa se pone más difícil", cuenta Javier Leiva, secretario de la asociación por la regularización de las viviendas en Mijas y propietario de una casa ilegal.

La mayoría de las construcciones que reciben la orden de demolición están en terrenos rústicos, normalmente, de herencia familiar. A Leiva le tasaron su vivienda en 90.000 euros, por lo que la multa que recibió fue de 9.000. "Pueden ponerte hasta una docena de multas, esto no hay economía que lo aguante", dice.

El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), convocó a finales de julio un pleno extraordinario para abordar el problema. Los afectados le pidieron que dejara en suspenso sus expedientes hasta que se haga la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para ganar tiempo y así poder encontrar encaje a sus viviendas en el planeamiento, pero obtuvieron una negativa. "¿De qué vale que las echen abajo si dentro de tres años podrá construirse en esta zona?", se preguntan los afectados. También reclaman que el Ayuntamiento anule los procedimientos en los que no han concedido el trámite de audiencia al interesado.

Mesa de trabajo

El regidor de Mijas acordó el miércoles con el consejero Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, la creación de mesas de trabajo para abordar los problemas urbanísticos del municipio, como la falta de vivienda de protección oficial y de zonas industriales. El portavoz del PP, Ángel Nozal no ve más que una cortina de humo en esta iniciativa. "Sólo podemos tomarlo como una nueva milonga del equipo de gobierno", dijo.

Los afectados se comparan con poblaciones como Marbella y Coín, en las que se negocia compensaciones por las casas ilegales. "Queremos pagar las cargas, no quedarnos sin casa", explican.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 28 de agosto de 2008.

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