El PP pide que se ceda más dinero, pero con menos gasto y sin subir impuestos

El PP exige que el Gobierno ceda más recursos a las comunidades autónomas. Pero, a la vez, pide que los Presupuestos del Estado reduzcan sensiblemente el gasto público, y total, sin recortar prestaciones sociales. Además, exige que se mantenga la solidaridad entre las comunidades y afirman que, para todo eso, "nunca será aceptable una subida de impuestos como solución total o parcial al modelo de financiación autonómica".

Ésta es la posición del PP ante el debate de hoy, según explicó ayer en rueda de prensa su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, remitiéndose a un documento de mínimos aprobado por su partido el pasado mes de julio.

Según explicó, es compatible el recorte de gasto del Estado ante la crisis con el trasvase de más recursos a las comunidades. Esos fondos adicionales, según el PP, tampoco podrán venir de la utilización de la capacidad normativa de las comunidades con los impuestos cedidos. El documento esgrimido por Montoro asegura: "El PP nunca aceptará que los recursos adicionales que se aporten al sistema estén de alguna manera condicionados a incrementos impositivos".

El "guión" popular

Para Montoro, "está dentro del guión" del PP pedir más recursos para sanidad, educación y prestaciones sociales y pedir que en los Presupuestos se reduzca el gasto público total. El portavoz del PP aseguró que la posición de su partido en las distintas comunidades es coherente y común. Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha secundado las posiciones de la Generalitat de Cataluña, mientras que otros, como el de Castilla y León, piden que se primen factores como el envejecimiento de la población o su dispersión, antes que el aumento de habitantes. También la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha pedido que se cumpla el Estatuto Catalán.

El PP aprobó el 29 de julio un documento de mínimos con diez puntos sobre financiación que no incluye cifra alguna. Además de principios ya asumidos por el Gobierno -como la multilateralidad, la permanencia y la constitucionalidad-, el documento sólo concreta el extender el concepto de solidaridad a todas las competencias cedidas y asegura que "la primera variable para determinar las necesidades de gasto de las comunidades será la población real". Ambos puntos están también en la propuesta de Solbes.