Figar alardea de que las 29 clases en barracones son un récord a la baja

La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró ayer que la cifra de 29 aulas prefabricadas que acogerán a 700 alumnos cuando comience el nuevo curso escolar es "un récord a la baja", y la comparó con las de otras comunidades autónomas. Figar realizó estas declaraciones durante la inauguración de una oficina de atención al ciudadano para temas relacionados con la educación en la Gran Vía, donde también habló de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La consejería asegura que el número de barracones, a los que llama "aulas transitorias", se ha reducido progresivamente durante los últimos años (164 aulas en 2004, 82 en 2005, 36 en 2006 y 31 en 2007). "Aspiramos a que no haya ninguna", indicó Figar. La consejera comparó el número de barracones de Madrid, 29 para el curso que empieza, con el de otras comunidades como Cataluña, 800, o Castilla-La Mancha, 400, según sus datos. "Es mal negocio decir que las hay peores cuando afirmas ser líder en educación de calidad", contestó Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, a estos datos. "El único récord que reconozco a este Gobierno es el privatizador", continuó García, refiriéndose a un informe elaborado por el sindicato con datos del Ministerio de Educación, según el cual, 8 de cada 10 nuevos alumnos escolarizados en la Comunidad acuden a centros privados o concertados.

La oposición tampoco confía en las palabras de la consejera y lamenta que una comunidad autónoma como Madrid tenga que usar este tipo de instalaciones. Para Fátima Peinado, portavoz socialista de Educación en la Asamblea de Madrid, "la consejería habla de aulas transitorias, pero no de la precaria situación de las infraestructuras educativas". El PSOE denuncia que se está ampliando la capacidad de algunos centros a costa de quitar espacio a patios, gimnasios o bibliotecas, donde ahora se imparten clases normales. De ahí, según los socialistas, vendría la reducción del número de barracones.

Por otra parte, la Comunidad comenzará a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en septiembre, pero con "respeto a los derechos" de las familias objetoras, declaró Figar. Esto significa que los alumnos objetores no asistirán a clase, y todavía "no hay nada definido" para que ocupen ese espacio de tiempo, lo cual, según el Gobierno central, es ilegal, ya que la asignatura es obligatoria para todos los alumnos. El Tribunal Supremo debe pronunciarse en los próximos meses sobre algunos recursos presentados por padres de alumnos en Andalucía y La Rioja.