Dos ediles del 'caso Estepona' alquilan al consistorio locales de su propiedad

Al menos dos concejales del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) implicados en la trama corrupta descubierta en la operación Astapa, tienen alquilados locales de su propiedad al consistorio o a empresas municipales. El nuevo alcalde de la ciudad malagueña, David Valadez (PSOE), que sustituye al encarcelado Antonio Barrientos, ha promovido una investigación interna sobre la propiedad de las distintas sedes municipales. Con este informe como base, el Ayuntamiento tratará de reducir el coste de los alquileres.

Las pesquisas internas, que todavía no han terminado, han desvelado que el concejal de Partido Estepona (PES, posgilista) Manuel Reina, en prisión desde el 19 de junio por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo y fraude, es propietario del local 11 del edificio Puertosol, donde se asentaba hasta ahora la delegación de Nuevas Tecnologías. En este edificio, levantado hace siete años en el puerto de Estepona tienen su domicilio numerosas concejalías y organismos municipales. En el mandato 2003-2007, Reina, economista de profesión, ejerció como concejal de Hacienda en el equipo de gobierno, liderado por Antonio Barrientos.

Un informe remitido al actual edil de Hacienda, Antonio Sánchez (PSOE) sobre los locales alquilados por las delegaciones de Participación Ciudadana, Juventud y Nuevas Tecnologías, desvela que el Ayuntamiento desembolsaba a Reina 25.752 euros anuales, en doce mensualidades, por arrendar su local de Puertosol. El informe, emitido el pasado 19 de agosto, asegura que el contrato de alquiler del inmueble se encuentra "sin formalizar desde enero". El Ayuntamiento ya ha decidido deshacerse de esta sede.

Otro edil implicado en la red de corrupción que ha alquilado un local de su propiedad al Ayuntamiento es Francisco Zamorano, ex concejal de Hacienda expulsado del PSOE tras quedar en libertad bajo fianza de 50.000 euros e imputado por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Zamorano, ex senador y también economista, creó en marzo de 2004, junto a su actual esposa y sus hijos, fruto de un primer matrimonio, una sociedad patrimonial, Lauzavi SL. Esta compañía, de la que el edil dice poseer un 8%, es propietaria de otro inmueble en el edificio Puertosol. En él tiene su sede la Empresa Municipal de la Vivienda.

Zamorano reconoce el arrendamiento del local, iniciado a principios de 2004 y que sigue en vigor. "Nos lo adjudicaron después de un concurso público para el alquiler de varias sedes municipales que tuvo publicidad, por lo menos en los principales diarios de la provincia", asegura el concejal. En Puertosol, edificio levantado por la empresa Codelsa, propiedad al 50% del empresario Félix Delgado, cuñado de Zamorano y también implicado en el caso Astapa, el Ayuntamiento tiene otra media docena de locales alquilados a distintos propietarios. Además, el consistorio es dueño de dos locales del edificio.

Zamorano subraya que el alquiler de su local se realizó cuando él no tenía ninguna vinculación orgánica con el Ayuntamiento. "Entonces no era concejal, y no me nombraron cargo de confianza hasta junio de 2004. No había ninguna incompatibilidad para celebrar el contrato", recuerda. Ante la posibilidad de que los nuevos responsables municipales intenten rescindir el arrendamiento, el edil ironiza: "Es un contrato de renta antigua, lo mismo hasta me hacen un favor".

Estepona es un municipio lastrado por una deuda de 90 millones de euros. El plan de austeridad iniciado por Valadez para mitigar la quiebra, ha reducido hasta ahora en 1,6 millones de euros anuales el gasto municipal, sobre todo al eliminar cargos de confianza. La rescisión de los alquileres de inmuebles para sedes municipales supondrá un ahorro anual de unos 190.000 euros.