Aguirre cede la gestión de tres hospitales al sector privado

Los nuevos centros se construirán en Móstoles, Collado Villalba y Torrejón

Se sabía, o más bien se intuía, que los tres nuevos hospitales prometidos por Esperanza Aguirre para esta legislatura serían de gestión privada. Pero la Consejería de Sanidad se resistía a anunciar oficialmente el modelo que iba a aplicar.

Finalmente, ha decidido que sea el mismo que ya funciona en el hospital de Valdemoro: una empresa construirá y explotará los nuevos hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba. Y gestionará tanto los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza) como la asistencia médica.

UGT critica la medida y exige la devolución de las competencias
Darán cobertura a casi 415.000 pacientes de 31 municipios
Las carteras de servicios en cirugía son de "complejidad media"
La ratio de camas por 1.000 habitantes es la mitad que la de la Comunidad
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A cambio, la Comunidad pagará un importe fijo por cada habitante de la zona que tiene asignada el hospital y un canon anual por los servicios no sanitarios, según detallan los anteproyectos de explotación y obra a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El plazo para presentar alegaciones comenzó el pasado 11 de agosto y finaliza el 13 de septiembre.

Una de las novedades con respecto al hospital de Valdemoro es que el anteproyecto del de Torrejón incluye, además, la privatización del centro de especialidades de la localidad. La empresa adjudicataria, señala el documento, deberá reformar el centro, donde "se desarrollarán las actividades de hospital de día y consultas psiquiátricas, se seguirán manteniendo las actividades de radiodiagnóstico y rehabilitación actualmente existentes, además de las consultas de especialidades que determine la entidad gestora".

Es este punto el que mayores críticas ha generado en el sindicato UGT. "Ese centro de especialidades ya está construido y en él trabajan profesionales estatutarios [funcionarios] a los que obligarán a renunciar a esa condición si quieren seguir allí", explica la secretaria de Políticas Sectoriales, Carmen López. El anteproyecto asegura que la empresa "deberá gestionar tanto el personal propio como el perteneciente a la Consejería de Sanidad que voluntariamente decida incorporarse, bajo el marco del nuevo contrato".

El sindicato lleva sus críticas más allá. Asegura que el Gobierno ha tomado la decisión de privatizar los nuevos hospitales en agosto para "rehuir todo debate público". La consejería, afirma, no cuenta ni con las organizaciones sindicales ni con el tejido social. Además, UGT le achaca "incompetencia" en la gestión de la sanidad pública, por lo que exige a la Comunidad que devuelva las transferencias sanitarias al Estado. "Cuando se concedieron, se hizo para hacer más cercana la gestión a la ciudadanía, no para ponerla en manos del sector privado. Si Esperanza Aguirre no es capaz de administrar las competencias, que las devuelva", señala López.

Los tres nuevos hospitales abrirán sus puertas, según el compromiso de la presidenta, antes de que acabe esta legislatura, es decir, en 2011. El anteproyecto detalla que tendrán asignadas casi 415.000 tarjetas sanitarias. Sólo el de Móstoles dará cobertura a 170.000 personas de 18 municipios, que tendrán que cambiar su centro habitual por el nuevo. En total, hay 31 localidades afectadas.

Cuando Aguirre llegó a la presidencia, hace casi cinco años, todos los hospitales de la Consejería de Sanidad eran de gestión pública. Hoy ya hay casi un millón y medio de madrileños que tienen confiada su salud a hospitales privados o con un modelo de gestión mixto público y privado.

Pasa a la página 3El proceso de privatización empezó pronto. Ya en la campaña de 2003, Aguirre anunció que construiría ocho hospitales, en los que enseguida entró el capital privado. Seis de ellos (Infanta Leonor, en Vallecas; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Sureste, en Arganda, y Tajo, en Aranjuez) son de gestión mixta pública y privada. Las empresas construyen los edificios y gestionan todos los servicios menos el personal sanitario, que sigue dependiendo de Sanidad. El séptimo, el de Valdemoro, va un paso más allá, ya que está gestionado enteramente (también el personal médico y de enfermería) por la empresa Capio.

Ése es el modelo de los nuevos hospitales. Queda pendiente el del distrito de Carabanchel, en los terrenos de la antigua cárcel. La presidenta Aguirre aprovechó la firma del convenio de cesión de terrenos con los alcaldes de Móstoles y Torrejón, el 5 de agosto, para recordar al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tiene que cederle una parcela del penal.

A la empresa que gestione el nuevo hospital de Collado Villalba se le cederán 109.625 tarjetas sanitarias. El anteproyecto detalla que, para 2011, contará con 150 camas de hospitalización y 10 más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La ratio de camas por 1.000 habitantes resultante es de 1,46. La media de la Comunidad de Madrid está en 3,4. Ahora, los pacientes de la zona tienen que desplazarse al hospital de El Escorial o al Puerta de Hierro. La cartera de servicios para las especialidades quirúrgicas es "de complejidad media", por lo que los procesos más especializados seguirán derivándose al Puerta de Hierro, que en septiembre se traslada definitivamente a Majadahonda.

Móstoles tendrá un segundo hospital que descongestionará el que el mes pasado cumplió 25 años. Atenderá a 171.478 personas y dispondrá, también en 2011, de 260 camas, más otras 16 en la UCI. La ratio es de 1,61 camas por 1.000 habitantes. La cartera de servicios para especialidades quirúrgicas es de "complejidad media". Igual que en el de Torrejón, que dará cobertura a 133.144 habitantes. Tendrá 198 camas, más 16 en la UCI, lo que equivale a una ratio de 1,61.

La cartera de servicios en las especialidades médicas varía entre hospitales. En Móstoles, por ejemplo, no hay consulta de rehabilitación ni de fisioterapia. Tampoco hay hospitalización de geriatría o psiquiatría, entre otras. En Torrejón sí hay consulta de rehabilitación, pero no hay hospitalización de geriatría, salud mental o reumatología. Finalmente, en Villalba también falta la hospitalización de geriatría y psiquiatría. Además, no hay consultas de fisioterapia.

El sindicato UGT critica que no estén "todas las prestaciones sanitarias". Además, denuncia que el centro de especialidades de Torrejón de Ardoz pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que no debería cederse "a la explotación mercantil del sector empresarial privado".

El anteproyecto de explotación de los hospitales asegura, en el apartado Rentabilidad, que, en las cooperaciones público- privadas y bajo el modelo planteado en la Comunidad de Madrid, "es necesario que los riesgos inherentes al proyecto estén transferidos adecuadamente al sector privado". Y añade que "la iniciativa privada debe obtener una rentabilidad adecuada y acorde al mercado, que compense la inversión realizada, el coste de financiación de la inversión y los riesgos asumidos por el contenido de la oferta". El documento deja libertad a la empresa adjudicataria para que explote "las zonas complementarias y espacios comerciales autorizados".

El anteproyecto señala, ya en la introducción, que la cooperación con el sector privado es "la fórmula más adecuada para asegurar una atención sanitaria con elevados niveles de calidad". Algo que también afea a la Consejería de Sanidad el sindicato UGT. "No han presentado ningún informe económico que pruebe que es cierto", denuncia Carmen López. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, añade que esas manifestaciones son un ejemplo más "del desprecio continuo a los profesionales de los hospitales tradicionales".

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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