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Los expropiados por planes urbanísticos tendrán derecho a pisos sociales

El plazo para poder vender estas viviendas será inferior al de la protección oficial

La Generalitat ultima los detalles de un nuevo tipo de pisos sociales para vecinos afectados por planes urbanísticos. Se llamarán HAUS, las siglas en catalán de Vivienda para Afectados Urbanísticos. El objetivo es compensar a los propietarios o inquilinos que se vean obligados a irse de casa porque viven en una urbanización declarada ilegal, están afectados por un plan urbanístico o residen donde pasará una nueva infraestructura.

La principal diferencia entre estos futuros pisos y el resto de modalidades de vivienda social es que se podrán descalificar antes para venderlos al mercado libre. El borrador del decreto establece que los pisos estarán sujetos al régimen de protección pública entre 20 y 30 años. Excepcionalmente, se podrá rebajar a 15 años. Si el piso donde vivía la familia ya era de protección, dependerá de la calificación del suelo.

El borrador del decreto ha pasado el trámite de información pública, tiene el visto bueno de las dos entidades municipalistas, la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios y está en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat. Sólo falta que lo apruebe el Gobierno.

HAUS se suma a la ensalada de modalidades de vivienda social existente: la de protección oficial de régimen especial y general, la de precio concertado y el nuevo convenio catalán. "¿Me lo dices o me lo cuentas?", responde un alto cargo de la Generalitat a la pregunta de si con los regímenes existentes, con el Pacto y la Ley por la Vivienda sobre la mesa, las futuras 100 nuevas áreas residenciales urbanísticas en trámite y, encima, con feroz la crisis inmobiliaria apretando, otro decreto no es añadir más leña al fuego.

Sea como fuere, quienes ven con buenos ojos los pisos para afectados urbanísticos son los ayuntamientos, que tienen que lidiar con los vecinos expropiados y los procesos de realojo. La jefa de Servicios Jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Sílvia Requena, celebra la creación de los HAUS: "A un afectado urbanístico no es justo que le des una indemnización menor al valor de su vivienda expropiada ni un piso de mayor valor, porque le estaríamos haciendo rico. El objetivo, es pues, que la compensación sea la justa".

El responsable de Urbanismo de la Federación Catalana de Municipios y alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral, opina que los pisos para afectados son "garantistas, porque cubren un vacío que de una u otra manera ya gestionábamos los ayuntamientos".

El decreto ha sido elaborado entre dos departamentos: el de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), que dirige el urbanismo, y el de Medio Ambiente y Vivienda, aunque fuentes de ambos departamentos confirman que la comunicación no ha sido especialmente fluida. Fuentes de PTOP explican que los HAUS vienen a "reconocer los derechos de las personas expropiadas, pero no inventan nada, simplemente regulan las condiciones". Además, agregan que los HAUS surgirán de las bolsas habituales de vivienda social, "en las que los afectados tendrán preferencia".

Sin embargo, el subdirector general de Coordinación y Seguimiento de Programas de Vivienda de Medio Ambiente y Vivienda, Jaume Clèries, explica que los pisos para afectados "se construirán sobre suelo libre o de precio concertado". De hecho, el último borrador del decreto, que fija unos precios por metro cuadrado de los HAUS exactos a los del concertado catalán, de valor medio entre los sociales y los de mercado libre. El decreto también tiene en cuenta a los inquilinos, que tendrán derecho a una vivienda de realojo en régimen de alquiler con la misma duración que la que tenían en el piso donde residían.

El caso de Can Zam

En Santa Coloma de Gramenet esperan los HAUS como agua de mayo. Hasta tal punto que su teniente de alcalde, Carme Moraira, lo da por hecho cuando explica el futuro de los vecinos afectados por la ampliación del parque de Can Zam, los del barrio del Pilar y la avenida de Francesc Macià, en Singuerlín.

"Se trata de que la gente no quede tan perjudicada por procesos expropiatorios; los ayuntamientos tenemos que gestionar los planes urbanísticos, pero al final el suelo consolidado es el que es y no tenemos capacidad para cambiarlo", argumenta. "La idea es facilitar condiciones de realojo más favorables para todos los afectados, que hasta la fecha tenían las mismas que cualquier solicitante voluntario de vivienda social, cuando ellos ya tenían un patrimonio", asegura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de agosto de 2008

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