Zapatero se la juega en cinco pactos

A José Luis Rodríguez Zapatero le esperan a la vuelta de las vacaciones cinco negociaciones abiertas sobre otros tantos pactos de los que, en distinta medida, depende la estabilidad de su Gobierno. Presentan también diferente nivel de dificultad, dependen de variadas fuerzas políticas y, en algunos casos, están condicionados unos por otros.

El calendario hace difícil lograr alianzas parlamentarias antes de seis meses

El Ejecutivo no contempla la prórroga de los Presupuestos

CiU considera que el presidente está obligado a contar con su grupo

Celebrar los comicios gallegos en otoño favorecen el acuerdo con el BNG

PSOE y PP se han puesto un plazo para destacar los órganos judiciales

La financiación es la llave para una legislatura más tranquila

El pacto para cambiar el modelo de financiación autonómica precisa un acuerdo con las comunidades y de la mayoría del Parlamento; el de Presupuestos depende del anterior, y está marcado por la mala situación económica; el pacto social con sindicatos y empresarios garantizaría la paz social para afrontar la crisis; el de renovación de las instituciones cierra el capítulo de la crispación de la legislatura anterior; y el de las reformas legales contra ETA concreta un nuevo pacto antiterrorista y ahuyenta este asunto definitivamente como arma política con el PP.

El calendario, según admite el PSOE, dificulta que, además, pueda cerrarse algún acuerdo estable con algún grupo parlamentario, tal y como los socialistas planeaban al inicio de la legislatura. Dan por seguro que en otoño habrá elecciones autonómicas en Galicia y en primavera en el País Vasco. Esos pactos estables buscarían conjurar el hecho de que ahora el PP sí es capaz de reunir apoyos y provocar quebraderos de cabeza al Gobierno. Por ejemplo, para forzar comparecencias en el Parlamento o para hacer aprobar iniciativas que incomodan al Ejecutivo.

Desde el grupo socialista se habla de esperar seis meses para clarificar la agenda y pensar en esos acuerdos de estabilidad. Uno de los barones socialistas más destacados, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, admitió ayer en declaraciones a Europa Press que el PSOE afronta una legislatura "más complicada" en cuanto a los apoyos parlamentarios para sacar adelante sus proyectos, pese a haber mejorado los resultados en las elecciones generales.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Doble llave, mirando

a Cataluña

El Gobierno reconoce que está obligado a cerrar un acuerdo sobre financiación, y que el camino será tortuoso por el propio sistema de negociación -que mezcla la multilateralidad con la bilateralidad- y por la falta de recursos en un momento de crisis.

El acuerdo debe cerrarse con todas las comunidades, luego detallarlo bilateralmente con cada una y, finalmente, plasmarlo en una ley que necesita apoyos parlamentarios para completar la mayoría absoluta. Es decir, requiere acuerdos con comunidades que tienen intereses contrapuestos y consensos con partidos que, como CiU, completan mayorías pero no están en ningún gobierno autonómico.

El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pactado todos los modelos aplicados hasta la fecha, con gobiernos de PSOE y PP. Ahora CiU, fuera de la Generalitat, necesita rentabilizar un acuerdo como fruto de su intervención, como hizo en 2005 con el acuerdo del Estatuto.

Los partidos catalanes han vinculado este pacto al de Presupuestos, con lo cual el Gobierno debe asegurar el acuerdo de financiación si no quiere correr el riesgo de tener que prorrogar los Presupuestos de este año.

Un dirigente del PSOE recuerda, para quitar hierro a la polémica, que siempre al inicio de estas negociaciones se producen tensiones. De hecho, las negociaciones no han terminado siempre del todo bien: el Gobierno socialista de Extremadura, por ejemplo, llevó ante el Tribunal Constitucional al Ejecutivo de Felipe González por la financiación.

En 2000, José María Aznar desbloqueó la negociación en el último momento poniendo sobre la mesa 12.000 millones de pesetas. Ahora no hay margen para ello por la crisis, aunque el PSOE asegura que puede hacerse con soluciones alternativas como mejorar la capacidad normativa de los impuestos cedidos, y CiU apunta a soluciones como diferir varios años la mejora de los ingresos de las comunidades, aplicándola de forma progresiva.

En todo caso, el Ministerio de Economía no admite que prepare una contraoferta mejorada para el arranque del curso político. Añade que lo peor de la negociación será la aplicación de la teoría de la manta -si cubres la cabeza, destapas los pies y viceversa-; es decir, que lo que es bueno para Cataluña puede no serlo para el resto. Una de las dificultades será aplicar el artículo del Estatuto catalán que garantiza que Cataluña no retrocederá en el ranking del PIB por efecto de su aportación a la solidaridad.

Otro obstáculo para el Gobierno es que tiene enfrente al bloque catalán, incluyendo al PSC. Por votos en el Congreso y por influencia territorial, ese bloque es el que garantiza la estabilidad. Fuentes del PP admiten, además, que utilizarán estas hipotecas de Zapatero como asunto de oposición en el nuevo curso.

El PSOE, a su vez, prepara una ofensiva política denunciando la incoherencia del PP por su actitud en comunidades distintas y respecto a su recurso de constitucionalidad contra el Estatut. Como ejemplo citan que el Gobierno valenciano, del PP, pide 1.000 millones, y Javier Arenas 1.200 millones para Andalucía y, a la vez, el PP reclama que se reduzca el gasto público. José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, habla abiertamente de "cinismo político" del PP sobre la financiación. Ayer anticipó esta estrategia el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, en declaraciones a Efe. El número dos socialista, además, acusó a CiU de radicalizarse.

PRESUPUESTOS En busca de siete diputados

El Gobierno necesita imperiosamente sumar siete diputados de otros grupos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Lo contrario llevaría a una prórroga de los Presupuestos anteriores, lo que afectaría fatalmente a la estabilidad del Ejecutivo y tendría consecuencias nefastas para la economía, porque esas cuentas están hechas cuando la crisis apenas asomaba. La prórroga dejaría extremadamente débil a Zapatero.

El primer debate de totalidad del proyecto de Presupuestos en el Congreso será en octubre, y el procedimiento favorece al Gobierno porque se votan por separado las enmiendas de devolución, una a una. Es decir, no tiene que lograr mayoría a favor de su proyecto, sino evitar que algún partido sume los votos de los demás a su enmienda de devolución.

Más difícil es el siguiente trámite, el del Senado, donde el Gobierno tiene más complicado evitar el veto que ya se produjo en 2004 con los primeros Presupuestos de Zapatero. Si se produjera ese veto, el PSOE necesitaría mayoría absoluta en el Congreso para levantarlo, es decir, precisaría sumar siete diputados ajenos a los suyos. A día de hoy el escollo para los Presupuestos es la financiación, a la que han condicionado su voto CiU, ERC, ICV y BNG. La primera tarea de los socialistas es separar ambos asuntos en el diálogo con los partidos.

El PSOE asegura que aspira a reunir el apoyo de todos ellos y no renuncia a negociar con ninguno. Así, su estrategia inicial será la de diversificar la negociación, para no limitarla a ningún grupo. Su problema es que, aun teniendo más diputados propios que en la anterior legislatura, tiene menos margen de maniobra para completar mayorías.

Fuentes de CiU admiten que con un buen acuerdo de financiación no tendrían muchos argumentos para oponerse a las cuentas del Estado, puesto que ya está casi garantizada la inversión para Cataluña en los términos previstos en el Estatuto. Incluirán otras exigencias, como medidas para impulsar la actividad económica que consideran asumibles por el Gobierno. CiU se considera imprescindible en los acuerdos, porque sus 10 diputados completan por sí solos la mayoría que está buscando el PSOE.

Si, como prevé el Gobierno, hay elecciones en octubre en Galicia, el PSOE da por hecho que el BNG podrá apoyar los Presupuestos después, como parte del acuerdo de gobernabilidad en esa comunidad y para "sentirse útil" en la política nacional. Respecto al PNV, su posición es más difícil debido a la proximidad de las elecciones vascas y el conflicto sobre la consulta soberanista de Ibarretxe. Los socialistas aseguran que el PNV se ofreció para negociar el apoyo a la investidura de Zapatero, pero al PSOE le interesó estratégicamente marcar distancias para presentarse como alternativa en Euskadi.

Con los partidos de izquierdas, IU, ERC e ICV, el Gobierno admite dificultades por la propia estrategia de cada uno de ellos, empeñados en marcar distancias en esta legislatura. El Ejecutivo prevé ofrecerles el mantenimiento de los gastos sociales para recabar su apoyo. Por el momento, las reacciones de estos partidos a las medidas económicas de Zapatero han sido las más críticas, junto con las del PP.

El PSOE ve posible el acuerdo con Coalición Canaria, pero este grupo sólo aporta dos diputados.

PACTO SOCIAL Prioridad para alejar la conflictividad

La Moncloa considera que esta semana ha conjurado las acusaciones de inacción ante la crisis económica, y espera que el siguiente movimiento en ese sentido sea el acuerdo con sindicatos y empresarios.

Zapatero se ha comprometido a que no habrá ningún tipo de reforma laboral sin pacto previo con los interlocutores sociales. Este pacto, además, le garantizaría paz social en periodo de crisis económica. La prioridad inmediata, según explicó públicamente el presidente el jueves, es la reforma del mercado laboral, "con el objetivo de mejorar las políticas activas de empleo" y para facilitar la recolocación de los desempleados, especialmente de la construcción. Además, el 3 de septiembre el Gobierno quiere presentar una reforma de la formación profesional para pactarla con los interlocutores sociales.

RENOVACIÓN INSTITUCIONAL Poner nombres

a las cuotas

Es el acuerdo más avanzado de todos los pendientes para otoño. Zapatero y Mariano Rajoy pactaron antes de irse de vacaciones la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. La primera estaba pendiente desde hace más de 20 meses.

Queda, no obstante, poner nombre a las cuotas pactadas por los dos partidos. Para el CGPJ cada uno de los dos propondrá nueve nombres y dejarán uno para el PNV y otro para CiU. Para el Constitucional cada uno propondrá dos, y otro será de consenso. Las condiciones en principio son evitar los vetos mutuos y, en lo posible, buscar la paridad. Esta última condición resulta extremadamente difícil de cumplir, porque los partidos deben seleccionar los vocales de la carrera judicial entre las propuestas presentadas, y ahí es abrumadora la mayoría de hombres.

La renovación del Consejo debe esperar a que la sala del 61 que preside Francisco Hernando, presidente del Consejo General y del Tribunal Supremo, firme la sentencia sobre la ilegalización de ANV y PCTV, previsiblemente antes del 10 de septiembre. El objetivo es llegar a tiempo al acto de apertura del año judicial, a mediados de septiembre.

Luego se convocará la Comisión de Nombramientos. Los vocales deben designar presidente, cargo para el que el PSOE asegura que no tiene aún candidato. Las quinielas judiciales apuntan nombres como José Antonio Xiol Rios, Juan Saavedra, Fernando Ledesma, Dámaso Ruiz Jarabo o Angel Juanes. Zapatero aprovecha la necesidad de Rajoy de presentarse como hombre de Estado dispuesto a cerrar el acuerdo.

En el Constitucional, el Gobierno conseguirá asegurar una mayoría progresista de cara al recurso sobre el Estatuto de Cataluña que, si fuera desfavorable, provocaría un nuevo terremoto político. No estará concluida hasta octubre porque precisa que todos los parlamentos envíen sus propuestas antes del 30 de septiembre. En paralelo, el Gobierno tiene que abordar las reformas de la Justicia que, en algunos casos, desarrollan el Estatuto catalán. Se refieren a la creación de consejos autonómicos y la descentralización del Tribunal Supremo. El PP las rechaza, por lo que el Gobierno tendrá que acordarlas con el resto de partidos.

PACTO ANTITERRORISTA Armas legales contra ETA

El pacto antiterrorista PSOE-PP ha sido sustituido por un acuerdo de no polemizar sobre ETA, por el intercambio permanente de información y por futuras reformas legales contra los terroristas. Alfredo Pérez Rubalcaba y Federico Trillo han logrado un óptimo nivel de interlocución que les permite coordinar sus posiciones y, a diferencia de la anterior legislatura, sacar este asunto del debate público. Para el inicio del curso político está pendiente cerrar las reformas legales para asegurar las medidas de control de los terroristas que hayan cumplido condena. Se hará por proposición de ley conjunta, aunque el entusiasmo es mayor en el PP que en el Gobierno.

El Ejecutivo quiere incluirlo en la reforma más global y lenta del Código Penal, que afectará también a las penas de los pederastas y al control efectivo de los convictos que salgan de la cárcel. Además, como ya hay cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo hasta los 40 años y las normas no tienen aplicación retroactiva, cualquier reforma pactada ahora sólo puede aplicarse dentro de más de 40 años, cuando salga de la cárcel quien cometiera sus crímenes tras la reforma legal.

El Gobierno tiene pendiente también la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, a la que se comprometió en el Congreso. No estará concluida antes de principio de 2009 por la falta de presupuesto y porque debe ser negociada previamente con las asociaciones de víctimas.

En la agenda estará la estrategia de Zapatero para desbancar al PNV del Gobierno vasco.