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Cerco a los 'telefonazos basura'

El Gobierno cambiará la ley para impedir las llamadas no solicitadas - Las compañías que persistan en la práctica abusiva serán sancionadas

El Gobierno quiere terminar con las llamadas no solicitadas, con el molesto y cada vez más frecuente spam telefónico. Con esos timbrazos a la hora de la siesta al fijo o al móvil para ofrecer un cambio de operadora, un nuevo crédito o una oferta de conexión a Internet. El Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con los de Justicia, Economía e Industria están trabajando en un anteproyecto de ley para trasponer una directiva europea que considera ilegal esta práctica. El Gobierno prevé que entre en vigor antes de final de año.

La norma entrará previsiblemente en vigor antes de final de año

Realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia se considerará una actividad comercial desleal y agresiva, según esta norma. Las compañías que la sigan practicando podrán ser sancionadas. Aún no está decidido el tipo de penalización al que deberán hacer frente pero, según fuentes de Consumo, pueden ir desde una sanción económica hasta el cese de servicios. Este ministerio envió ayer una carta a las seis principales operadoras de telefonía -las que más utilizan este sistema- para exigirles que cesen en estas prácticas que "vulneran los derechos de los consumidores".

El spam telefónico es "totalmente abusivo", según el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, que explica que el anteproyecto de ley -que incluye además de ésta otras 90 normas- irá al Consejo de Ministros del último viernes de agosto. "Hay que terminar con este tipo de comunicaciones que además de muy molestas pueden llegar al fraude", dice. Soria asegura que su ministerio ha detectado un incremento de quejas por spam telefónico en los últimos dos años. "Sobre todo ha aumentado desde hace un mes y medio", precisa.

No hay ningún organismo oficial que tenga datos sobre qué cantidad de llamadas de este tipo se producen anualmente en España. Tampoco las asociaciones de consumidores lo saben. Sólo quedan patentes una vez que se denuncian o se presenta algún tipo de queja ante ellas o en el Instituto Nacional de Consumo. "Es un problema cada vez más frecuente", reconoce Pía Jakobsen, una de las portavoces de la asociación de consumidores Facua. Compañías de seguros que llaman para ofrecer una nueva póliza. Bancos que informan al consumidor sobre una tarjeta de crédito. Empresas distribuidoras de energía que plantean un posible cambio de compañía... Y así, cientos de ejemplos que perturban y molestan al consumidor que, además, no tiene manera de distinguir estas comunicaciones para cribarlas antes de contestar. La mayor parte de las veces, como explica el ministro Soria, provienen de números ocultos. "Muchas se producen además a la hora de la siesta o por la noche, lo que las hace todavía más fastidiosas", añade el titular de Sanidad y Consumo.

Hasta ahora estas prácticas no estaban reguladas de forma específica. Existe una ley (de 2002) que prohíbe el correo electrónico no deseado. El tradicional spam que, sin embargo, se define como cualquier mensaje no solicitado y que normalmente tiene el fin de ofertar, comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o empresa. Lo mismo que ocurre con las llamadas para convencer de un cambio de compañía telefónica. Esta legislación, sin embargo, no se podía aplicar a las comunicaciones telefónicas (salvo, en algunos, casos a los SMS). Éste es uno de los factores por los que el Gobierno ha decidido modificar parte de su reglamento para trasponer una directiva europea de 2005 que define estas llamadas como ilegales. La trasposición tenía como fecha límite junio de 2007. No obstante, como explica la abogada Celia Esquerrá, del bufete Jausas, gran parte del contenido de esa norma ya estaba recogido en la legislación española -en concreto la ley de competencia desleal-, por eso no se hizo. Lo mismo sostiene Consumo. Quedaban, sin embargo, algunos flecos, como el spam telefónico.

"Es necesario regular estas comunicaciones para proteger la intimidad de los consumidores", reclama Jakobsen. La única legislación que rozaba este tipo de llamadas era hasta ahora un real decreto que prohibía las comunicaciones no solicitadas "sin intervención humana", es decir, provenientes de aparatos de llamada automática. "Además de preservar los derechos de los consumidores evitándoles estas llamadas, con la nueva norma se protege a las empresas que sí compiten de forma legítima", sostiene Soria.

Intrusión en la vida privada

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comenzado una inspección sectorial de oficio sobre el problema de las comunicaciones no deseadas. Sobre todo mensajes de texto y llamadas telefónicas. "Un fenómeno reciente que ha adquirido cuotas importantes de intrusión en la vida de los ciudadanos", según Artemi Rallo, director de la AEPD. Rallo recuerda a los consumidores una regla de oro: "La recepción de la llamada o del mensaje debe ir precedida de una autorización expresa de quien recibe esta llamada". Sin embargo, en ocasiones son envíos comerciales de empresas con las que el consumidor ha tenido algún tipo de relación.

Además de las molestas llamadas son cada vez más frecuentes los SMS publicitarios. Muchos son, además de un incordio, fraudulentos porque incitan al consumidor a llamar o enviar mensajes a números de tarificación adicional (más caros).

"Contactofoto: Una persona muy interesada en contactar contigo y conocerte te envía su foto, para descargarla y verla envía CONOCER al ###", este mensaje fue recibido por varios móviles del Ministerio de Industria. Este organismo denunció, y la AEPD abrió un procedimiento sancionador contra la compañía. Algo que no siempre pasa. "Muchos consumidores soportan las llamadas y los SMS", dice una portavoz de la organización de usuarios Facua.

El ministerio de Consumo promoverá además de la modificación de la normativa para que el spam telefónico sea considerado ilegal, la elaboración de códigos de conducta que ayuden a controlar este tipo de prácticas publicitarias desleales y contribuya a elevar el nivel de protección de los consumidores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de agosto de 2008

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