Cinco empresarios han confesado los pagos ilegales a la trama de Mallorca

La investigación de la presunta trama de corrupción que operaba desde la cúpula del Consorcio de Turismo Joven del anterior Gobierno balear encabezado por Jaume Matas (PP) no ceja: ya hay nueve detenidos, y cuatro ex cargos del gobierno imputados. La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Pedro Horrach y Juan Carrau, analiza los posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental cometidos supuestamente desde la entidad pública.

Ayer fueron detenidos otros tres empresarios, que se suman a las seis personas arrestadas entre el lunes y el martes y que, según fuentes de la investigación, "habrían participado en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras y servicios". En total son cinco los empresarios detenidos, y todos han confesado el pago de comisiones ilegales al consorcio público.

Los considerados cabecillas del entramado -Damián Amengual, ex gerente del consorcio; Juan Francisco Gosálbez, ex jefe de Servicios; y María Auxiliadora Pérez, esposa de éste- pasarán hoy a disposición judicial, después de haber permanecido tres días en los calabozos de Palma. Ayer se confirmó, además, la imputación de otros dos ex altos cargos del PP: Juan Francisco Gálvez, miembro de Nuevas Generaciones y ex director general de Juventud, y María Reyes Carbonell, diputada del PP en el Consell de Mallorca entre 1995 y 1999.

Gálvez, que fuera superior directo de los presuntos líderes de la trama y hombre de confianza de la ex consejera de Presidencia Rosa Puig, compareció con el semblante serio y se negó a responder a las preguntas de los investigadores. Horas antes, María Reyes había negado toda relación con la trama. La dirigente acusó a Gosálbez y su esposa de implicarla, mediante la falsificación su firma, en una de las principales causas que se investigan: un lucrativo contrato por el cual Gosálbez se habría autoalquilado un local por valor de 54.000 euros anuales, manipulando posteriormente el documento para obtener un préstamo bancario por la misma cantidad.

Se da la circunstancia, no obstante, de que el inmueble había pertenecido previamente a un familiar directo de Carbonell. Asimismo, un segundo local propiedad de la misma familia acoge la sede de la Dirección General de Juventud, a través de un contrato de alquiler que, presuntamente, se realizó eludiendo los trámites administrativos obligatorios y se adjudicó a cambio de una comisión de 24.000 euros.

Ayer trascendió también parte de la declaración de María Auxiliadora Pérez, esposa de Gosálbez. La mujer figura, junto a su marido, como titular de la sociedad pantalla Grupo Fanodi Gestión, utilizada en los supuestos negocios sucios de Turismo Joven. Pero, ante las preguntas de los inspectores, se desmarcó por completo de la trama y acusó a su marido de haberla utilizado como testaferro. Pérez dijo haber firmado documentos "a ciegas" por orden de Gosálbez, del que aseguró encontrarse en trámites de separación.