Ideología y crisis económica

Desde que el Gobierno zanjó el debate semántico sobre el actual periodo de débil crecimiento y lo llamó crisis, la discusión se centró por fin en las medidas que debían adoptarse para salir de la misma.

Conocedores de su relevancia pública, los partidos políticos comenzaron a gotear sus propuestas antes del verano, y las vienen acompañando siempre de una etiqueta ideológica. El Gobierno se esforzó en explicar que, dado su carácter progresista, el mantenimiento de sus políticas sociales (sobre todo, la financiación de la Ley de Dependencia, el incremento del salario mínimo y la subida de las pensiones mínimas) es lo que le diferenciaría en esta crisis del PP. Los populares, sin embargo, dijeron que lo que los ciudadanos y las empresas españolas necesitan es más dinero a fin de mes, por lo que una rebaja impositiva generalizada es su medida estrella para salir de la crisis.

El Gobierno debe sumar al discurso social argumentos que pongan en valor la inversión pública

En este contexto, hay dos cosas claras: primero, el curso político que empieza en septiembre será difícil para el Gobierno por la crisis y por su minoría parlamentaria; y segundo, el discurso económico será tan importante como las medidas que se adopten, de cara a rentabilizar políticamente la fase de crecimiento que llegará antes de las elecciones de 2012.

El difícil debate presupuestario de este otoño será el primer hito en la batalla discursiva que afrontará el Gobierno a corto y medio plazo en el terreno económico. Se verá sobrepasado por la izquierda por IU o ERC cuando pidan más gasto social, y también por la derecha, cuando el PP o CiU pidan menores impuestos y ajustes en el gasto de Administraciones Públicas.

Para superar esas presiones y ganar nuevos matices en la exposición de su política presupuestaria, debe apuntalar su discurso ideológico con nuevos elementos. En este sentido, la experiencia internacional de las últimas décadas nos enseña dos lecciones que deberían ser útiles. En primer lugar, las hemerotecas prueban que los partidos en el poder (de izquierdas o derechas) siempre se pusieron a la cabeza de la protección de sus ciudadanos frente a las crisis cuando éstas llegaron. Ningún dirigente democrático afirmaría en plena desaceleración que va a abandonar a los que más sufren, por mera cuestión de supervivencia política. Así, dirigentes de centro-derecha como Kohl en Alemania, o Chirac en Francia, mantuvieron (o incrementaron) su gasto social durante la crisis de principios de los noventa, con el mismo discurso que hoy hace el PSOE, y al que también trata de apuntarse el PP.

En segundo lugar, los datos objetivos demuestran que en los países de la OCDE, entre 1970 y 2005, los gobiernos de centro-izquierda invirtieron el doble que los gobiernos de centro-derecha. Estas diferencias se mantienen aunque varíen el número de años en el gobierno o el peso de su mayoría parlamentaria. Se mantienen también aunque sólo consideremos los años de crisis y los de restricciones presupuestarias. Cuando llegaron las vacas flacas, los gobiernos de centro-izquierda prefirieron mantener la inversión pública, incluso aunque eso implicara un menor crecimiento de las transferencias sociales, el consumo público o los salarios de los funcionarios.

No es de extrañar esta apuesta por la inversión productiva por parte de los gobiernos de centro-izquierda, ya que obedece a una visión económica diferenciada. Los gobiernos progresistas creen que el Estado puede mejorar las condiciones en las que operan las empresas, mediante fuertes inversiones en educación, infraestructuras, comunicaciones y tecnología, para incrementar la productividad de los factores que utilizan esas empresas. Mientras que los gobiernos conservadores creen que la intervención del Estado es ineficiente y distorsionadora, y conceden un papel mínimo a la inversión pública. Para ellos, el capital privado invertirá en las actividades que generen mayores retornos y, al maximizar su inversión individual, estarán maximizando el bienestar de la sociedad.

Por tanto, en Estados de bienestar consolidados, como los europeos, donde realmente se establecen las diferencias ideológicas en épocas de crisis no es en el gasto social, sino en la apuesta relativa de los gobiernos por la inversión productiva. Este tipo de inversión pública incluye partidas como el gasto en formación, I+D+i, infraestructuras del transporte, rehabilitación urbana, telecomunicaciones o ahorro y eficiencia energética, que son mucho menos visibles que los gastos sociales, pero más importantes para la recuperación económica.

El Gobierno socialista ganó en 2004 y 2008 con programas electorales plenamente coherentes con esta visión, que ponían en valor al Estado como agente dinamizador de la economía. Para ello, apostaría por un círculo presupuestario virtuoso que empezaría por el gasto productivo para llegar al crecimiento económico y así financiar el aumento del gasto social, pero no a la inversa. En su primer mandato, todos los presupuestos siguieron esta filosofía.

Ahora, al principio de su segundo mandato y con el debate económico en todas las portadas, el Gobierno debe mantener esa línea y sumar a su discurso social actual un argumento inversor. Poner en valor la inversión pública que realice le permitirá capitalizar la recuperación posterior. El Gobierno podrá atribuirse el mérito de haber marcado la senda del cambio de modelo, y además será muy bueno para salir pronto y reforzados de esta crisis.

Carlos Mulas-Granados es profesor de Economía Aplicada en la UCM.