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DECLARACIONES DEL EMPRESARIO DETENIDO POR LA TRAMA DE MALLORCA

"Pagué 60.000 euros de comisión por hacer una obra a Turismo Joven"

El constructor Marcos Pérez Martínez fue liberado tras reconocer los cargos

El empresario de la construcción Marcos Pérez Martínez -detenido por el último caso de corrupción en Baleares y liberado horas después- todavía no ha aparecido esta semana por las oficinas de su negocio, MCO-Mallorquina de Construcciones y Obras, una empresa que en su página web se jacta de tener "un especial know-how del mercado" que le permite ofrecer a cada cliente "un servicio integral, a un precio asequible, distinto a lo que comúnmente se puede encontrar ahora". Y tan distinto.

"No puedo entrar en detalles, pero lo que ha salido a la luz es cierto", afirma

Accedió a pagar al ver que ése era "el 'modus operandi' habitual"

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía irrumpieron el lunes por la mañana en el domicilio del constructor y se lo llevaron a comisaría. Pérez se pasó todo el día en las dependencias policiales, respondiendo a las preguntas de los investigadores sobre la nueva trama de corrupción que afecta a ex altos cargos del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP).

Le preguntaron si, tal y como se detalla en la querella criminal, había participado de un delito de cohecho junto con el entonces jefe de servicios y mantenimiento del Consorcio de Turismo Joven, Juan Francisco Gosálbez. Le habían pillado. Y lo explicó todo: "Le pagué 60.000 euros como comisión por haberme contratado para reformar un local para la nueva sede de la entidad". La factura que presentó Pérez se elevaba a 180.000 euros, de los cuales un tercio habrían ido a parar, directamente, al bolsillo de Gosálbez, con quien mantenía una relación de cierta confianza. Según fuentes cercanas a la investigación, el constructor habría accedido a efectuar el soborno al percatarse de que ése era el modus operandi habitual de los entonces gestores de Turismo Joven, la mayoría de los cuales continuaban ayer detenidos.

Aconsejado por sus abogados desde que entró a declarar en la comisaría, Pérez mantuvo en todo momento una actitud cooperante. Respondió con detalle a todas las cuestiones que le fueron planteando los investigadores -entre los que se hallaban los fiscales anticorrupción Pedro Horrach, Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán- y fue puesto en libertad a última hora del día, tras concluir la primera y maratoniana jornada de interrogatorios.

Ayer, durante una breve conversación telefónica que mantuvo con este diario, admitió la veracidad de las imputaciones que pesan sobre él: "No puedo entrar en detalles, pero lo que ha salido a la luz es cierto. Me remito a los documentos de la acusación y a lo publicado en la prensa. Ahí esta todo. No voy a añadir nada más, porque existe un secreto de sumario".

"Por mi parte", concluyó, "no quiero líos y he considerado que lo más adecuado era colaborar dentro de lo posible con la Justicia para que todo se aclare cuanto antes". Una decisión que podría valerle la atenuación de la pena en el caso de que finalmente las investigaciones confirmen la comisión del presunto delito de cohecho.

Un alquiler oficial para sufragar una fraudulenta compra privada

Los presuntos negocios sucios de Juan Francisco Gosálbez en relación con el local alquilado y remodelado como nueva sede de Turismo Joven fueron más allá del cobro de comisiones millonarias. Meses antes de encargar la reforma fraudulenta del inmueble, Gosálbez y su esposa, María Auxiliadora Pérez, habrían maquinado un plan para hacerse con la propiedad, desviando todos los costes a las arcas públicas.

De este modo, como responsable de instalaciones de Turismo Joven, Gosálbez habría firmado un contrato de alquiler entre el consorcio y una sociedad pantalla a su nombre (Grupo Fanodi), por el que la entidad pública le arrendaba el local por 4.500 euros mensuales durante un período de 12 años. En total, 648.000 euros. Posteriormente, habría falsificado la fecha del contrato para presentarlo como aval ante una entidad bancaria y obtener así un préstamo bancario por, exactamente, la misma cantidad de dinero.

Gosálbez habría obtenido así en propiedad un edificio recién reformado en una de las zonas más exclusivas de Palma, el barrio de la Bonanova, y se habría asegurado no tener que desembolsar ni un euro por la hipoteca, que quedaba cubierta por el alquiler ilegal a cargo del erario público.

El local pasó a disposición de Turismo Joven en mayo de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP de la mayoría de las instituciones baleares. Previendo esta posibilidad, Gosálbez y su esposa se habrían cubierto las espaldas blindando a su favor el contrato de alquiler. En el caso de que el consorcio, dependiente de la Consejería de Presidencia, pretendiera poner fin al alquiler unilateralmente, quedaría obligado a abonar todas las mensualidades pendientes durante seis años, con los incrementos anuales correspondientes. Unas condiciones que los investigadores consideran claramente abusivas y perjudiciales para la entidad pública.

Además, hasta poco después del nombramiento de Gosálbez y Amengual, el Consorcio de Turismo Joven tenía su sede en un local del centro de Palma por el que no se pagaba ningún alquiler, ya que era propiedad del Gobierno autonómico. Ya por aquel entonces, la situación económica de la entidad era muy precaria y amenazaba la quiebra técnica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de agosto de 2008

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