Solbes urge una mayor apertura del sector servicios

La adaptación de la directiva europea de servicios es uno de los retos más peliagudos y complejos que afronta el Gobierno. No sólo porque exigirá cerca de 6.000 modificaciones legislativas, sino también porque el debate con colegios profesionales, asociaciones de comercio o administraciones autonómicas será enconado. Pero también es una oportunidad para dar un empujón al sector más importante de la economía española (60% del PIB, 67% del empleo) en un momento en el que la construcción da marcha atrás y la industria se estanca.

Para la adaptación de la normativa europea hay una fecha límite (diciembre de 2009), y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, exigirá hoy a los ministerios involucrados que aprieten el acelerador para que los cambios normativos entren en vigor efectivamente el próximo año.

El Gobierno se reunió el 28 de julio con los colegios profesionales. Y les comunicó que, además que las medidas de liberalización que impone la directiva (sobre todo para facilitar la actividad en España de profesionales de otros países), propondrá antes de fin de año otro proyecto de ley para impulsar el libre acceso a actividades colegiadas (arquitectos, abogados, ingenieros, etcétera).

La directiva también obliga a que cualquier instancia de la Administración funcione como ventanilla única ante las empresas y a que exista la opción de hacer cualquier gestión por Internet. Un objetivo que la intensa descentralización en España complica sobremanera.

Habrá, además, otro flanco de dificultades con las comunidades. La directiva apuesta de forma clara por la liberalización del comercio y una equiparación de los requisitos, una meta que choca con varias leyes autonómicas promulgadas para proteger al pequeño comercio frente a las grandes superficies.