La fiscalía balear destapa tramas de ex altos cargos

Los escándalos por supuesta corrupción en la gestión del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas (PP), no han terminado de aflorar del todo. La Fiscalía Anticorrupción avanza en sus indagaciones y no veranea en agosto. Dos ex responsables de empresas públicas figuran ya como imputados y fueron detenidos meses atrás. Ahora, la acción de los responsables del Ministerio Público y de la Policía se centra en los integrantes y cómplices en la cúpula política y ejecutiva de confianza de al menos otras dos empresas y consorcios del Gobierno de Matas (2003-2007).

Los fiscales analizan la adjudicación a dedo de contratos millonarios

La gestión económica desarrollada por los ex ejecutivos de Turismo Joven y del Consorcio de Comercio Exterior está siendo gravemente cuestionada, por supuesta malversación de caudales.

No había controles administrativos ni tutela efectiva de la gestión de los fondos, según fuentes conocedoras de las tramas de las posibles mafias internas que son rastreadas por especialistas de la Agencia Tributaria y expertos en delincuencia económica de la Policía Nacional bajo la dirección de los fiscales anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y Juan Carrau. Ambos profesionales han alternado en agosto sus períodos de vacaciones debido a la acumulación de casos pendientes y con el fin de aprovechar este tiempo de menor densidad de trabajo en los juzgados de instrucción.

Durantes meses, los equipos anticorrupción han peinado movimientos de cuentas y actividad declaradas de sociedades anónimas, contratos y expedientes públicos y se han tomado declaraciones a informantes. Los supuestos cerebros de las dos empresas cuya actuación está siendo cuestionada penalmente aún no han sido emplazados para que declaren. Los casos se construyen desde abajo.

El cúmulo de supuestos indicios delictivos en los dos departamentos referidos -el de Turismo Juvenil, en la consejería de Presidencia que presidía Rosa Puig y el de Promoción en Comercio que encabezaba José Juan Cardona-, aluden al tráfico de contratos millonarios sin concurso previo que beneficiaron a socios protegidos, así como las adjudicaciones a familiares directos, auto-alquileres de locales por parte de dirigentes de confianza o la existencia de gastos desmesurados en partidas de viajes y de representación. Los posibles sobornos indirectos, pagos en especies y cobro de comisiones, también están siendo analizados.

Los supuestos jefes e integrantes de las bandas organizadas son considerados funcionarios públicos, bien por su cargo político o su puesto interno en la Administración. Las causas que se indagan aluden a los delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios, malversación, cohecho, y falsedad. Las denuncias previas partieron del departamento de la Abogacía del Gobierno de Baleares, en manos del centro izquierda y que preside Francesc Antich, del PSOE.

El nuevo ejecutivo balear, que se confiesa en bancarrota por la deuda acumulada por el Gobierno de Matas, aportó a la Fiscalía las auditorias internas de los organismos implicados y detalles de la aparente gestión irregular referida a la etapa anterior, así como la documentación administrativa y contable.

La existencia de una supuesta actuación delictiva al frente de organismos públicos de Baleares no es una novedad. Las sospechas de corrupción en la Administración autonómica y local motivaron ya la detención, la pasada primavera, de dos de los máximos responsables de la etapa del PP por sendos escándalos judiciales no cerrados.

Por el vaciado de fondos públicos para gastos privados mediante el uso de las tarjetas oficiales, están encausados el ex número dos del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo de Santos, -ex gerente electoral de la campaña de Matas y preso acusado de abusos a menores-, y Damián Vidal, ex gerente de la empresa de informática Bitel, que fue perito de parte a favor de Matas en una causa que se siguió por espionaje electrónico a un consejero socialista. De Santos acumula dos querellas por supuesta corrupción por cerca de dos millones de euros y Vidal está en libertad bajo fianza acusado de malversar 700.000 euros.