Camps inscribe en "la normalidad" la rebaja de calificación de las cajas

El mismo día en que Gerardo Camps, vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda, quitaba importancia a la rebaja de calificación de las cajas de ahorro valencianas ("en absoluto es preocupante", está "inscrito en la normalidad del momento económico", declaró), la agencia Fitch Ratings se sumaba al recorte de notas realizado por Moody's y Standard & Poor's. La decisión de Fitch, conocida ayer y referida sólo a Caja del Mediterráneo (CAM), se basó en los mismos datos que las anteriores: elevada exposición al mercado inmobiliario y al sector de la construcción, y acusada desaceleración de la economía española.

La agencia estadounidense rebajó de A+ a A la calificación de la deuda a largo plazo de CAM, pero no alteró su nota a corto plazo, que mantuvo en F1 y con perspectiva estable.

Economía propone un plan a cajas y bancos para inyectar liquidez

El consejero de Economía defendió la situación de las entidades valencianas al término de la presentación de las medidas que pondrá en marcha el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para hacer frente a la crisis, dirigidas, sobre todo, a incrementar la liquidez del sistema. El plan del IVF, que prevé respaldar con avales y líneas de crédito a las empresas (y que cuenta con un apartado especial para los contratistas de infraestructuras de obra pública) con una suma total de 600 millones de euros, necesita a las cajas de ahorros (aunque está abierto al resto de entidades financieras con implantación en el territorio) para llevarse a efecto.

La medida más importante consiste en la garantía pública de 300 millones de euros para los fondos de titulación de activos de cajas y bancos. Es decir, la Generalitat respaldará hasta esa cifra la venta en el mercado de deuda de las entidades (los créditos que éstas han concedido a sus clientes). Un proceso normal en el sistema financiero que se ha visto gravemente restringido debido a la desconfianza que siguió al estallido de la crisis de las subprime o hipotecas basura. El respaldo público servirá, afirmó Camps, para que las entidades consigan liquidez con mayor facilidad y a un mejor precio. La condición para recibirlo (el IVF establecerá convenios con las interesadas) es que las entidades destinen ese dinero a dar créditos a firmas valencianas, y que al menos el 80% del total vaya dirigido a pequeñas y medianas empresas.

El IVF abrirá también líneas de financiación a través de las entidades con condiciones más favorables que las del mercado para circulante y reestructuración de pasivo; inversión en micropymes, y renovación de flota hasta un total de 200 millones. Los últimos 100 millones irán dirigidos directamente a los contratistas de obra pública. Un sector llamado, señaló el consejero, a amortiguar el paro que está generando la construcción.