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La patronal propone privatizar los servicios públicos y bajar los impuestos

Los empresarios presentan a la presidenta regional sus recetas contra la crisis

"Nos hemos encontrado de golpe con la dura realidad", asegura el documento que ayer entregó la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y en el que le propone 28 medidas para afrontar la crisis económica.

Entre ellas, que siga impulsando la privatización de los servicios públicos y que continúe rebajando los impuestos, sobre todo los que gravan la actividad de las empresas, como el de sociedades o el de actividades económicas.

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Los empresarios hablan de "escenario preocupante", de "crisis de proporciones similares a la registrada a principios de los años noventa", y reconocen que la Comunidad está pasando por una fase de "menor actividad económica". Ayer mismo se dieron a conocer las cifras de ventas del comercio minorista, que han padecido un descenso más agudo en Madrid que en el resto de España. La Comunidad acusa una de las mayores caídas, con un 12%. Y, por eso, los empresarios están inquietos.

Esperanza Aguirre, que ayer volvió a defender que los indicadores económicos de Madrid son más positivos que los del resto de España, calificó las propuestas de los empresarios de "muy sensatas, razonables y oportunas". La CEIM propone una "reducción selectiva de impuestos" que se traduce, por ejemplo, en la supresión total del impuesto sobre actividades económicas y de la eliminación del recargo provincial (del 20% en Madrid). También pide reducir los tipos del impuesto de sociedades y se muestra en contra del "posible establecimiento por parte del Gobierno central de un mínimo a pagar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones".

Entre otras cosas, los empresarios sugieren la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio regional de empleo y aconsejan "un estudio en profundidad sobre la posibilidad de desarrollo de agencias privadas de colocación".

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La patronal propone también desarrollar, "conjuntamente con el sector privado", el potencial de la Ley de Dependencia. Según los empresarios, este sector puede generar "nuevos yacimientos de empleo".

La patronal menciona en el documento entregado a Aguirre la posibilidad de "externalizar determinados servicios públicos para lograr mayor eficiencia, flexibilidad y abaratamiento de costes", un eufemismo para solicitar la privatización de servicios sociales. Incluso propone "privatizar determinadas empresas públicas", aunque no quiso precisar más datos sobre este asunto.

Los empresarios también pidieron más inversión en infraestructura y una vieja reivindicación: flexibilizar el mercado de trabajo.

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