Sólo la escuela mixta podrá recibir dinero público en Cataluña

La primera Ley de Educación propuesta por la Generalitat pone coto a las escuelas que separan a los alumnos por sexos en Cataluña. Los centros que practiquen la segregación por sexo no recibirán más subvenciones de fondos públicos, según el proyecto de Ley de Educación que el Gobierno de la Generalitat aprobó ayer. El texto especifica que los centros concertados deben ser mixtos. Los que incumplan esta condición quedarán excluidos del concierto económico.

Sindicatos y concertadas critican el texto por motivos opuestos

La medida afecta de lleno a los 16 centros concertados de Cataluña que admiten sólo a escolares del mismo sexo -ocho escolarizan exclusivamente a niñas y los otros ocho a niños-. Estos centros, ligados al Opus Dei, según el Departamento de Educación, dejarán de percibir las subvenciones cuando se revise el concierto económico, proceso que se realiza cada cuatro años.

Los otros aspectos del proyecto de ley, que aún puede cambiar de cara a su paso por el Parlament, han deshilvanado el consenso alcanzado en el Pacto Nacional de Educación. Así lo señalaron sindicatos y patronales, cuya lectura contrasta con la del consejero de Educación, Ernest Maragall. "Ha sido un proceso ejemplar en el que ha participado toda la comunidad educativa", subrayó el consejero. CC OO y USTEC, que critican la ley, consideran que el trámite negociador ha sido una operación de imagen. La división ahonda en la brecha abierta la semana pasada, cuando los bocetos del proyecto de ley suavizaron la exigencia hacia los centros privados concertados. El cambio agradó a CiU, que refrendó el texto con reservas; fue ignorado por ERC, contenta con blindar el catalán en las aulas; y defraudó a los sindicatos, cuya desazón tiene mucho que ver con el desmarque final de ICV, que no apoyó el texto por considerar que no avanza en la creación de una única red pública.

Las concertadas también tienen sus críticas a la ley, pero en sentido opuesto. Ayer, reclamaron mayor autonomía y financiación para garantizar la gratuidad de la enseñanza. Y alabaron, por otro lado, que el texto dé "carácter propio" a los centros públicos, -los define como "inclusivos, laicos y plurales"- en paralelo al carácter propio que también reconoce a los concertados. Los principales sindicatos se reunirán esta semana para tejer una estrategia común contra una ley que sólo les sirve si "modifica el modelo educativo en vez de perpetuarlo".

La futura ley otorga más autonomía a los centros, que podrán fijar su propio programa y objetivos. A cambio, instaura un sistema de evaluación interna por el que las escuelas deberán dar cuentas de sus decisiones. El director de la escuela adquiere rango de autoridad pública y posee mayor poder para la resolución de conflictos.

La norma da a la Generalitat competencia exclusiva en el currículo escolar, lo cual la eximirá de aplicar la tercera hora del castellano fijada por la Administración central. Sortea así la sentencia que le obligaba a hacerlo.

La lengua será el catalán, pero la ley, como ya hacía la anterior, prevé la educación en castellano si los padres lo solicitan durante el ciclo no obligatorio de la educación infantil (de tres a cinco años) o en el primer curso de la escolarización básica (a los seis años). En ambos casos, el centro deberá atender a los alumnos a través del propio profesor o mediante uno adicional. En ningún caso puede dividirse a los alumnos por motivos lingüísticos.

Los padres deberán solicitarlo a través de los impresos de inscripción escolar, que mantendrán una casilla sobre la opción del idioma. Este derecho se estableció en 1998, pero la celda del castellano no apareció en los formularios hasta 2006. Esto llevó a la justicia a fallar que la Generalitat incumplía su propia ley lingüística. El sistema catalán tiene 1,1 millones de alumnos y recibe una veintena de solicitudes al año para escolarizar en castellano.