El proyecto de Ley de Espectáculos inquieta al sector

Hoy finaliza el plazo en la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad del Parlamento de Cataluña para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, y las asociaciones de empresarios del ocio nocturno, de músicos y de salas de conciertos están inquietas. Esperan que el texto, redactado por el departamento de Interior para sustituir la ley de 1990 que actualmente regula horarios, medidas de seguridad y otros aspectos de las actividades de ocio públicas, sea esencialmente retocado, porque lo consideran deficiente.

Las asociaciones se quejan de la inconcreción del proyecto

La inconcreción del proyecto es lo que más inquieta a los portavoces del sector. Fernando Martínez, de Fecalon, una asociación de empresarios del ocio, habla de "inseguridad jurídica" y de "ley en blanco". Jordi Turull, diputado de CiU, ya advirtió, cuando el consejero Joan Saura presentó la propuesta a la Cámara, que la ley contiene medio centenar de remisiones al futuro reglamento que la debe desarrollar.

Los sistemas tecnológicos que controlen el aforo de los locales, los contratos de seguros y los planes de emergencia que deberán tener, o los requisitos que tendrá que reunir el personal son ejemplos de aspectos que la ley nombra, pero para decir que un reglamento los regulará.

Emília Andreu, subdirectora de Juegos y Espectáculos de Interior, defiende estas remisiones como una "técnica legislativa muy moderna" que permitirá adaptar la norma a realidades sociales cambiantes modificando el reglamento, sin tener que tocar la ley. Dolors Camats, diputada de ICV en el Parlamento, advierte que también la norma vigente necesita un reglamento, que nunca se hizo, y asegura que la nueva ley, en cambio, no saldrá del Parlament sin que el Govern quede obligado a desarrollarla. De hecho, el reglamento ya ha empezado a elaborarse con un proceso participativo, y tanto Camats como Andreu esperan que su aprobación tranquilice al sector. Pero Andreu no puede indicar cuánto tiempo pasará entre la entrada en vigor de la ley y la del reglamento.

Más allá de la inconcreción, el sector también se queja de que la propuesta sigue percibiendo el ocio exclusivamente como fuente de problemas. Joaquim Boadas, secretario general de Fecasarm, otra asociación de empresarios, llega a considerar la propuesta actual como "más intervencionista" que la ley vigente, aunque ésta se llame aún Ley de Policía, cosa que deja de hacer el nuevo proyecto.

Especialmente críticos son Carme Zapata, de la Asociación de Salas de Conciertos, y Max Sunyer, de la Unión de Músicos. Temen que la reforma acabe estableciendo normas difíciles de asumir para la música en vivo.

"Esto es una ley administrativa, no una ley cultural", recuerda Camats, que desearía que paralelamente se fomentase la faceta cultural del ocio, pero "por otros canales". Admite, sin embargo, que el texto puede mejorarse para que sea "más flexible" con la música en vivo. Y asegura que su grupo, junto a los otros integrantes del tripartito, presentará enmiendas en esta dirección. Hoy se sabrá si es así.