Nuevo golpe a ETA

Con la detención del grupo más activo y dinámico de ETA desde la ruptura de la tregua hace poco más de un año -el comando o complejo Vizcaya, formado por ochos miembros legales y su jefe Arkaitz Goikoetxea, fichado desde antiguo por la policía- se cumple una constante de la lucha antiterrorista en los últimos años: el cada vez menor intervalo de tiempo transcurrido entre la actuación terrorista y la detención de sus autores. En este caso, apenas unos meses a partir de los numerosos atentados que se les atribuye, entre otros el del cuartel de la Guardia Civil de Legutiano, en el que perdió la vida el agente Juan Manuel Piñuel, aunque no, probablemente, el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco, el pasado mes de marzo en Mondragón.

Tras el fiasco del llamado proceso de paz, en el que el Estado tanteó sin éxito la posibilidad de un final dialogado del terrorismo, la actuación policial y judicial se ha revelado con mayor fuerza si cabe como el instrumento más eficaz entre los que dispone el Estado de derecho para acabar con ETA. La detención de 306 supuestos etarras desde enero de 2007 muestra con claridad la estrategia adoptada por el Gobierno, por lo que parece darse la condición que viene exigiendo Rajoy para prestarle su apoyo en la lucha antiterrorista en esta nueva etapa. La actuación policial cobra mayor relieve si se la relaciona con la caída apenas hace dos meses en Burdeos, fruto de un operación policial conjunta de Francia y España, de la cúpula dirigente de ETA, incluido su número uno, Javier López Peña, Thierry, impulsor de la ruptura de la tregua y responsable de la voladura de la T-4, en la que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

El destino de las nuevas hornadas terroristas salidas de la kale borroka, como es el caso de Goikoetxea, es su captura cada vez más rápida y la cárcel. Su entorno social y político debería sopesar seriamente, más allá de las razones políticas y morales, qué sentido tiene empeñarse en una actuación criminal que, además de estar socialmente cada vez más deslegitimada en el País Vasco, acumula casi 600 presos en España y 150 en Francia. En este contexto se hace especialmente inoportuna, aparte de su radical ilegitimidad, la consulta pretendida por Ibarretxe, cuyo rechazo por el Estado dará pretexto a ETA, como señaló Imaz, para seguir actuando "en nombre de una presunta voluntad popular no atendida".