Uno de los cerebros del 'Guateque' admite que recibió gratificaciones

"En vez de invitarme a una comida, me pagaba". Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de Impacto Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y supuesto cabecilla del caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales), reconoció ayer ante el juez Santiago Torres que recibió dinero de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con la que había colaborado en varios trabajos.

Ceballos pensaba que estaría jubilado cuando los proyectos llegaran

Entre los dos realizaban proyectos de expedientes que más tarde se mandaban a la Concejalía de Medio Ambiente, según fuentes jurídicas. Además de Ceballos, también declararon otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios en una maratoniana jornada en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza de Castilla.

Al supuesto cerebro del caso Guateque se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, el cobro de gratificaciones. A las preguntas sobre la incompatibilidad de las colaboraciones con su condición de funcionario, Ceballos aseguró ante el juez que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes".

Al entrar en la sala, Ceballos explicó al magistrado durante más de una hora cuál fue la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales de 2005. "Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades", afirmó después en los pasillos de los juzgados. "No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes". El antiguo funcionario, sin embargo, admitió que sólo se aceleraban las licencias que "políticamente se mandaban adelantar". Antes de declarar, Ceballos insistió en que "no hay ninguna trama", y achacó su imputación a que era el único funcionario que evaluaba los informes que pasaban por Medio Ambiente. "Por eso todos tienen mi firma", puntualizó.

El otro principal imputado que compareció ayer fue Joaquín Fernández de Castro, antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Coincidió, y charló en varias ocasiones, cerca de tres horas en los pasillos del juzgado con Ceballos. Entre paseo y paseo, Fernández de Castro declaró que "se está cometiendo un atropello disparatado". Ya ante el juez, el funcionario afirmó que habría destituido a Ceballos en el caso de haber tenido constancia de las irregularidades. Ambos funcionarios, que salieron de prisión el pasado 24 de enero, previo pago de 60.000 euros, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios.

La anécdota del día corrió a cargo de Antonio López González, socio en la cafetería Nuevo Riaño de Manuel Pérez Gallego. Éste debía declarar ayer como imputado. "Pero si murió hace tres años", dijo López González cuando su socio fue llamado por el tribunal.

Miguel Ángel García Jodar, ex técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, fue el encargado de abrir la sesión matinal. Él preguntó acerca de unos expedientes en la calle de Lagasca y el funcionario respondió que él sólo hizo las mediciones y nunca falseó datos.

El único empresario imputado que realizó declaraciones fue José Fernando Hurtado Roma, dueño del pub Deyavu, en Ciudad Lineal, y acusado de pagar una comisión por una licencia municipal. Se mostró muy sorprendido por la citación porque pidió una licencia en mayo de 2006 y aún no la tiene. "Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto", aclaró.