Un imputado admite que falseó documentos para "tranquilizar a sus clientes"

El ex funcionario de Gerencia de Urbanismo e imputado en el caso Guateque Carmelo García ha admitido hoy que falseaba fotocopias de documentación -hacía fotocomposiciones y las fotocopiaba- con el fin de "tranquilizar" a los "clientes" que solicitaban su intermediación a través de la empresa AC93 para la tramitación de las licencias para sus locales, para obtener de licencias para sus locales. Así lo ha manifestado a los periodistas su abogado, Manuel Maza, después de que García compareciera ante el juez instructor del caso, Santiago Torres, en el marco de la investigación de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid por el cobro de comisiones para la obtención de licencias de locales comerciales y de ocio.

García, funcionario jubilado de la antigua Gerencia de Urbanismo -hoy concejalía- está acusado de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y falsificación documental, según su abogado, quien ha señalado que su declaración ante Torres se ha centrado en el delito de falsificación de documentos. "Ha declarado sobre un informe de la Guardia Civil donde se dice que encontraron en su domicilio una fotocomposición", ha indicado Maza, que ha dicho que el ex funcionario "ha reconocido que realizó fotocomposiciones y las fotocopió para tranquilizar a sus clientes", esto es, "personas que querían una licencia para su local".

Una situación de "histeria colectiva"

Según el abogado de García, que se jubiló en septiembre de 2004 y que se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros, fotocopiaba documentos "en los que se indicaba que el local cumplía las ordenanzas municipales de 20 años antes, por ejemplo", algo que "no sirve de nada" y con lo que sólo pretendía "adornar el expediente" y "dar más verosimilitud". "Presentar fotocopias que no sirven de nada para la tramitación de licencias no constituye delito de falsificación documental", ha aseverado Maza, quien ha destacado que la idea de falsedad implica que se entregue manipulado un documento original, "no una fotocopia".

La defensa de García ha señalado que éste colaboraba con AC 93, propiedad de Santiago Castillo -también imputado en el caso como presunto intermediario entre funcionarios y empresarios-, pero ha asegurado que él "nunca ha entregado expedientes. Los presentaban sus clientes o AC 93". Respecto al delito de prevaricación, del que también se acusa a Carmelo García, su abogado ha asegurado que cuando ocurrieron los hechos "él ya estaba jubilado desde hacía cuatro años y de este delito sólo se puede acusar a quienes trabajan como funcionarios". Asimismo, Maza ha señalado que el delito de cohecho "no se le puede imputar como autor, en todo caso como persona que ayuda a la comisión del delito y, por tanto, la pena sería menor" que la que corresponde a un funcionario.

"Estoy completamente seguro de que mi cliente no va a entrar en la cárcel", ha aseverado el letrado, que ha destacado la situación de "histeria colectiva" que genera la espera de "entre dos y cuatro años" para conseguir la licencia de un local en el Ayuntamiento de Madrid. García Sánchez ya estuvo imputado en el caso Sauna Paraíso por supuestos sobornos a empleados municipales en 1995. En 2004 quedó absuelto de un delito de tráfico de influencias.