Los recursos forales a la ley Municipal paralizan su trámitación parlamentaria

El Gobierno acusa al diputado general de Álava de "faltar a la verdad"

El Parlamento se verá obligado a paralizar la tramitación del proyecto de Ley Municipal, tras admitir a trámite ayer la Comisión Arbitral los recursos presentados contra parte de su contenido por las diputaciones de Álava y Vizcaya, según señaló el presidente de ese órgano, Fernando Ruiz Piñeiro. En paralelo a la reunión celebrada en Vitoria por la Comisión Arbitral, la polémica política, protagonizada fundamentalmente por la Diputación de Álava y el Gobierno, siguió subiendo de tono, después de que el viernes su diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, desmintiera a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia en su afirmación de que el proyecto de ley había sido consensuado. "Con este equipo foral, no", respondió Agirre, quien sostuvo que ni siquiera había existido una sola reunión entre su equipo y el Gobierno sobre esta cuestión.

La Comisión Arbitral prevé pronunciarse el 22 de septiembre

A su vez, el Ejecutivo autonómico desmintió ayer a Agirre, a quien fuentes de la Vicepresidencia citadas por la agencia Efe acusaron de "faltar a la verdad". El Gobierno aseguró que existe "constancia documental" de la celebración de varias reuniones sobre el proyecto de ley Municipal, a las que habrían asistido representantes de Álava. Esgrimió como prueba un escrito remitido en octubre de 2007 a la vicelehendakari, firmado por el teniente de diputado general y responsable de Administración Foral, Claudio Rodríguez. En él, asegura el Gobierno, no se plantearon objeciones de fondo y se daba "en términos generales, conformidad al proyecto de ley". Las fuentes citadas aseguran que en ese escrito la Diputación alavesa dijo "coincidir" con el planteamiento del proyecto de ley en una de las cuestiones que ahora ha recurrido.

La Diputación de Vizcaya ha optado por un perfil más bajo y quiso mantenerse al margen de ese intercambio, sin confirmar ni desmentir que existiera un pacto con las diputaciones, como mantiene el Gobierno. "Hay una duda competencial y se somete a la Comisión Arbitral", señalaron fuentes del equipo de José Luis Bilbao.

La Comisión Arbitral, órgano encargado de dirimir en el ámbito extrajudicial los conflictos entre instituciones dentro de la comunidad autónoma, se reunió por espacio de una hora en la sede del Parlamento. Quedó fijada una nueva reunión para el 22 de septiembre, en la que podría pronunciarse ya sobre el fondo del conflicto.

Según señaló Ruiz Piñeiro, la paralización del trámite del proyecto en el Parlamento es automática, según la ley de la Comisión Arbitral, aunque deberá acordarla la Mesa de la Cámara tras recibir la comunicación de la admisión de los recursos. La Mesa tiene prevista su siguiente reunión, última antes de las vacaciones, el 30 de julio.

La Comisión Arbitral acordó también proponer la acumulación de las cuestiones planteadas por ambas diputaciones, dada la similitud entre ellas. Las partes tienen ahora diez días para presentar alegaciones sobre la acumulación de los recursos y veinte para las argumentaciones sobre el fondo del conflicto suscitado.

La Comisión Arbitral nombró ponentes a los vocales José Manuel Castells, para las cuestiones de competencia, y Fernando Campo, para las presupuestarias. El resto de los integrantes de ese órgano son Mario Fernández, Iñaki Lasagabaster, Edorta Cobreros y Andrés Urrutia. Los dos primeros, así como Castells, representan al Gobierno, mientras que Cobreros y Urrutia, junto a Campos, fueron propuestos por las diputaciones.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS